Los conductores de la UNSL, Víctor Moriñigo; la UNLC, Agustina Rodríguez Saá, y la UNViMe, Marcelo Sosa, unieron sus voces para reclamar a los senadores nacionales por San Luis, que apoyen el tratamiento del proyecto de ley de Actualización de gastos de funcionamiento y salarios y becas estudiantiles, que recibió recientemente media sanción de la Cámara de Diputados.
En la oportunidad suscribieron un documento que entregaron a la prensa, en la que manifiestan su preocupación por la situación actual que atraviesan las casas de estudios superiores, tanto por las restricciones presupuestarias que afectan su funcionamiento como por el retraso salarial que sufren docentes y nodocentes.
Los rectores de las tres universidades nacionales radicadas en nuestra provincia brindaron este miércoles al mediodía una conferencia de prensa conjunta, en la sede de la Universidad Nacional de Los Comechingones, en la Villa de Merlo.
En sus palabras de bienvenida la anfitriona, Agustina Rodríguez Saá, presentó a sus pares, agradeció la presencia de la prensa y expresó la preocupación del sistema universitario por las restricciones presupuestarias que afectan y dificultan su funcionamiento, y que repercuten en la calidad educativa.
Por su parte el rector Víctor Moriñigo explicó que tras la marcha federal, se retomó el diálogo con el gobierno y se acordó ampliar el presupuesto para financiamiento, en un 270%, que fue el porcentaje inflacionario de 2023, es decir, no se contempló la inflación del corriente año. “Ese monto debía abonarse en seis cuotas, pero apenas se giró lo correspondiente a julio y aún se nos adeuda agosto”, precisó.
Por otro lado, señaló que “esa es una parte del problema, lo otro son los sueldos del personal docente y no docente, que ya registran una pérdida superior al 50%, y los ajustes que recibieron son 20% menos que el resto de los trabajadores estatales”.
Para graficar la realidad salarial, agregó que cerca del 70% de los docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, “por lo que muchos profesores e investigadores se están yendo y algunos no muy lejos, Chile o Brasil, donde ganan dos y hasta tres veces más. Y otros directamente están emigrando al sector privado, por lo que se termina afectando a los propios estudiantes y al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país”.
Con respecto al objetivo de la conferencia de prensa, apuntó que estaban cumpliendo lo resuelto en la última reunión plenaria del Consejo Interuniversitario Nacional, realizada en La Pampa, donde se encomendó que los rectores de cada provincia pidieran el apoyo de los legisladores que los representan en la Cámara Alta.
“Queremos invitar a nuestros legisladores a que visiten nuestras sedes, recorran las aulas, vean nuestros laboratorios, bibliotecas y el resto de las instalaciones, dialoguen con nuestros estudiantes y profesores y vean realmente cómo funcionamos”, sostuvo, al tiempo que informó en torno del presupuesto universitario acordado en el CIN, que representa sólo el 0,14 del PBI.
Por su parte el rector de la UNViMe, Marcelo Sosa, refrendó la palabra de sus pares y agregó: “Recién ayer el gobierno nos giró el dinero de julio para abonar los sueldos. Todos los días debemos gestionar atendiendo los numerosos gastos de funcionamiento, con un presupuesto que no nos alcanza para sostener la investigación, las actividades de extensión y contar con un sistema de becas para los alumnos”.
Coincidió además en subrayar “la grave situación salarial que atraviesan nuestros colegas docentes y trabajadores nodocentes. Por eso como los senadores representan a las provincias, nuestra intención es dirigirnos a ellos, para pedirles que apoyen la media sanción de Diputados al proyecto de ampliación presupuestaria, porque no es para nosotros, sino para el funcionamiento de las universidades, para los chicos, y para quienes imparten enseñanza y trabajan todos los días”.
Sobre la posibilidad de que el gobierno, al igual que hizo con la ley de movilidad jubilatoria, proceda a vetar la iniciativa en caso que el Senado la convierta en ley, Moriñigo señaló que continuarán reclamando, con una nueva marcha federal e incluso concurriendo a los estrados judiciales, “dado que la autonomía universitaria tiene rango constitucional desde 1994 y es obligación del Estado sostener la educación pública”.
VER: DOCUMENTO
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