Pasan los meses, se suceden las reuniones, se elevan propuestas, pero el Ejecutivo provincial no cede al pedido de ampliación presupuestaria que reclama la cúpula del Poder Judicial, ni tampoco a la demanda de recomposición salarial de empleados y magistrados.
La pulseada no es muy diferente que la que se observa en el orden nacional entre el presidente Javier Milei y los diferentes estamentos del Estado, entre ellos empleados públicos, jubilados o universidades. La respuesta es similar: No-hay-plata.
En esta controversia también juegan un rol importante los abogados, muchos de los cuales están molestos porque las permanentes medidas de fuerza, asambleas y falta de personal, alargan indefinidamente los procesos judiciales y, por ende, terminan afectando sus intereses y economía personal. Ni qué hablar de los judiciables, entre ellos los trabajadores, que esperan respuestas de tribunales colapsados o en conflicto, que fijan audiencias para fechas que parten en marzo del próximo año.
Como un nuevo capítulo de esta repetitiva serie que se proyecta desde comienzos de año, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Allende, solicitó una audiencia con la Presidente de la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía de la Legislatura Provincial, diputada María Eugenia Gallardo.
La petición, que se realizó mediante una nota formal enviada el 9 de septiembre, tiene como objeto “hacer saber las necesidades presupuestarias del Poder Judicial para el ejercicio 2025, toda vez que las mismas no se ven reflejadas en el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial”.
La nota detalla que el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial 2025, no refleja adecuadamente las necesidades financieras del Poder Judicial.
Ante esta situación, el Tribunal en pleno considera esencial mantener un encuentro con todos los miembros de la comisión parlamentaria para abordar este tema y asegurar que los requerimientos presupuestarios del sector judicial sean debidamente considerados.
La audiencia se solicitó en el marco del proceso de conciliación que se lleva por ante la Oficina de Relaciones Laborales con el Sindicato de Judiciales Puntanos y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Luis.
Íntimamente, nadie cree –mucho menos los ministros del STJ- que el encuentro con los legisladores permita lograr avances significativos en la discusión de la distribución presupuestaria para el año próximo, pero funciona como excusa para mantener la presión y justificar que se está haciendo algo al respecto.
La propuesta elevada por los tribunos para que el gobierno destine en forma automática al menos el 5% de la totalidad de Fondos de Coparticipación Federal que perciba la Provincia de San Luis, no fue siquiera considerada por la gestión de Claudio Poggi, que por lo bajo considera “inaceptable” la solicitud.
Hay un dato no menor: la gestión que asumió el 10 de diciembre de 2023 no nombró ningún integrante del Superior Tribunal. Todos fueron designados por el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, El Editor de su propio diario y hoy “proscribidor” del PJ. Ergo, ni Poggi ni Ricardo Endeiza tienen un interlocutor válido, de confianza. Todo lo contrario: abunda la desconfianza.
En la justicia, muchos creen que ha llegado el momento de que “alguien” se anime a presentar una medida cautelar, para obligar al gobierno a garantizar los fondos que requiere la justicia para su funcionamiento. En este sentido, uno de los ministros más duros y que estaría adhiriendo a esta alternativa es el Dr. José L´Huillier, quien al menos en declaraciones públicas se muestra más “enfático” en su postura que el “dialoguista” Eduardo Allende.
Así las cosas, todo indica que la relación entre estos poderes continuará navegando entre el respeto institucional y la nada misma, mientras el ciudadano común permanecerá rehén de estas pujas, esperando respuestas rápidas de una justicia más lenta que nunca, por justificadas razones.
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