TODOS LOS SECTORES UNIVERSITARIOS LLAMARON A UNA MARCHA CONTRA EL VETO A LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

El veto impactaría en la situación educativa de más de 2,5 millones de estudiantes que asisten a 61 universidades públicas. “Sabemos que la ley se puede pagar porque representa sólo el 0,14% del PBI”, indicó el presidente del CIN, Víctor Moriñigo.

“La sociedad ya expresó que quiere una universidad financiada: lo dijo en la marcha del 23 de abril y a través de sus representantes en el congreso” remarcó el rector de la UNSL, a través de una conferencia en la que participó de manera virtual el rector de la UNViMe, Marcelo Sosa.

En el encuentro con la prensa, realizado este martes por la tarde en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional, los rectores y rectoras de las universidades públicas, la Federación Universitaria Argentina y los gremios docentes y no docentes anunciaron que el próximo 2 de octubre se realizará una nueva marcha federal universitaria.

“Queremos anunciar a la sociedad argentina y a la comunidad universitaria que el Consejo de Rectores adhiere a la marcha en defensa de la universidad pública que se realizará el 2 de octubre a la Plaza de los Dos Congresos. Convocamos a una marcha pacífica, federal y plural, para que el gobierno entienda que desfinanciar a la universidad es una pérdida para toda la sociedad”, dijo el presidente del CIN, Víctor Moriñigo, al referirse al posible veto a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada el pasado 13 de septiembre.

El CIN emitió un comunicado que destaca: “Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso”.

El proyecto declara la emergencia presupuestaria para 2024, establece una distribución del 85% para salarios y un 15% para el funcionamiento, y propone una actualización de los gastos de funcionamiento. Además, reconoce la insuficiencia del aumento salarial docente del 16%, pero no incluye un mecanismo de actualización automática para salarios.

“No sólo tenemos el conocimiento de que la ley aprobada recientemente en el senado será vetada, sino que el proyecto de presupuesto universitario 2025 asigna a las universidades solamente la mitad de lo que necesitan para su funcionamiento, y eso es insostenible”, remarcaron los rectores.

“El presupuesto que se solicita para 2025, el cual asciende a 7,19 billones de pesos, debe financiar un sistema de 61 instituciones, 216.000 empleados docentes y no docentes y más de 2.550.000 estudiantes”, afirmaron.

Si el presidente Javier Milei veta la ley, una opción para anular el veto es que en la Cámara de Diputados (su recinto de origen) se apruebe nuevamente con una mayoría especial. Sin embargo. Ricardo Gelpi, el rector de la UBA informó que “nuestra información por ahora es que los votos para anular el veto no están asegurados”.

Agregó además que “como rector, investigador y ciudadano veo que son días muy tristes. Hay aulas vacías, laboratorios sin becarios… si el presidente veta esta ley el problema pasa a ser que se juega el futuro de una gran parte del país, de la gente joven, porque un país con universidades mediocres es un país mediocre”.

Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, expresó que a su criterio “hay una mezcla explosiva de desconocimiento y resentimiento, porque la financiación de la ley se puede pagar con el superávit financiero del primer trimestre, porque representa sólo el 0,14% del PBI”. Remarcó también “todo el diálogo que estuvimos dispuestos a tener”, al señalar que “llevamos alternativas, y algunos sectores del gobierno nos escucharon, pero llega un punto en el que el diálogo se corta”.

“Estamos perdiendo tres partidos a la vez: contra la inflación vamos perdiendo 50 a 0, contra los demás empleados estatales estamos perdiendo 20 a 0, porque nuestra recuperación salarial está 20 puntos debajo de ellos, y contra la inflación perdemos 2 a 0 cada mes”, dijo además Moriñigo.

A su turno, la representante de la Federación Universitaria Argentina –que nuclea a los y las estudiantes- expresó: “Se ataca la excelencia académica porque con el 85% de los docentes y el 60% de los NoDocentes debajo de la línea de pobreza no puede haber excelencia posible; y al mismo tiempo se ataca el acceso irrestricto por el aumento del costo de vida: alquileres, apuntes, servicios, comida… aumenta todo menos las becas, que siguen congeladas en 35 mil pesos”.

Para Walter Merkis, secretario general del gremio que representa a los trabajadores no docentes, “desfinanciar el sistema hace que se caiga toda la producción científica, que años de investigación de vengan abajo. Todos los argentinos tenemos que tener en claro qué posición tomar para que este gobierno entienda que estamos dispuestos al diálogo, pero para que haya diálogo tiene que haber dos partes”.

El CIN emitió el siguiente comunicado, titulado “Para seguir siendo una nación. Sí al financiamiento universitario”:

Con la preocupación por un contexto cada vez más difícil, ante la desconsideración y el hostigamiento que no cesan y frente a la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización que ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) levanta nuevamente su voz para reclamar respuestas y convoca a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino.

Desde principios de año nos pusimos a disposición de las autoridades nacionales para la búsqueda de soluciones y advertimos las dificultades que el sistema universitario atravesaba. Lo hicimos razonablemente pero con firmeza mientras que soportamos una campaña injusta y falaz, sistemática y planificada, que intenta desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario desmereciendo el esfuerzo de millones de estudiantes y miles de docentes y no docentes de todo el país.

No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Todos los intentos por buscar espacios que permitan gestionar las dificultades para colaborar en la búsqueda de soluciones resultaron infructuosos. Ni la paritaria nacional, ámbito natural para la resolución de controversias, funcionó con continuidad. Hizo falta que la sociedad llenara, conmovedoramente, plazas y calles de todo el país en defensa de la universidad pública para que empezáramos a tener algunas respuestas a las dificultades señaladas; respuestas que prolongaron la agonía, pero que no pudieron, porque no quisieron, resolver los problemas estructurales.

La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. Es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales y, con su trabajo diario permiten que las universidades funcionen, sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados. Más del 70 por ciento de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza  y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año.

En ese escenario sombrío, la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario para sostener el sistema en el presente año, abrió una esperanza, otorgando previsibilidad en materia presupuestaria y una respuesta a la angustiante situación salarial. Se trata de una ley responsable que resuelve los problemas de manera razonable porque evita comprometer fiscalmente al Estado. A pesar de saberlo fehacientemente, el Gobierno manifestó que optaría por vetarla. La esperanza abrió paso, una vez más, a la incertidumbre.

Al mismo tiempo que se amenaza con el veto, se eleva al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 que agrava aún más la situación. Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades.

Un presupuesto es, ante todo, una declaración de principios. Y es evidente que los principios expuestos difieren sustancialmente de lo que entendemos que el país debe priorizar para resolver sus problemas estructurales.

Como argentinas y argentinos, queremos aportar nuestro esfuerzo a la construcción de una economía equilibrada que favorezca el desarrollo y el crecimiento, pero advertimos que será solo una utopía si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegia la inversión en ciencia y educación.

Es un error concebir como un gasto lo que allí se destina. Incluso desde una perspectiva exclusivamente económica, no resulta razonable menospreciar el valor estratégico que tiene la producción científica y de conocimiento. No en vano los países desarrollados del mundo invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas: saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer descansa en estos aspectos.

Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso.

Reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre del 2024, las rectoras y los rectores de todas las universidades públicas del país, con la convicción de que la educación es la respuesta a todos nuestros problemas y en un grito de auxilio para sostener la universidad que es orgullo de toda la Nación, pedimos:

. Al Sr. Presidente de la Nación, que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025. No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos.

. A las y los legisladores nacionales, muchas y muchos graduados de la universidad pública y miembros de nuestras comunidades, que, de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento.

. A la sociedad argentina, que supo construir a lo largo de la historia un sistema universitario reconocido en el mundo por su excelencia, que acompañó con extraordinarias movilizaciones cada vez que la historia llamó a su puerta, nuestro sincero agradecimiento, y nuestra invitación a que lo hagamos de nuevo.

Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible. El compromiso de un país con su sueño de seguir siendo una Nación.

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2024

La conferencia de prensa completa está en este video:

 

 

 

 

 

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