Apuntes de San Luis accedió al Decreto N° 10736 firmado por el gobernador Claudio Poggi, de 14 artículos, que establece los controles toxicológicos que deberán hacerse los funcionarios del gobierno provincial, para detectar la presencia de “sustancias psico adictivas ilegales” mientras dure su función pública.
Esta obligatoriedad abarca desde el gobernador y sus ministros, a los secretarios, directores, jefes, pero también a funcionarios de la policía, del Servicio Penitenciario y de organismos centralizados y desconcentrados del Estado Provincial.
Los controles serán anuales y los que están funciones deberán hacérselos en un plazo máximo de 90 días.
Un tema polémico es quién hará dichos controles. El Art. 6 de la norma indica que se firmarán convenios con instituciones públicas que no mantengan dependencia con el Estado provincial.
Por otro lado, el funcionario al que se le detecte la presencia de “metabolitos de sustancias psicotrópicas ilegales, se procederá al cese en sus funciones”, por lo que se lo podrá licenciar, suspender hasta su recuperación o directamente despedir del cargo.
Un tema ciertamente interesante será ver qué harán el resto de los poderes del Estado, y los municipios, ante la invitación del gobierno provincial para que adhieran a estos controles. ¿El Poder Judicial, por ejemplo, prestará acuerdo? ¿Las Cámaras de Diputados y de Senadores tienen margen para hacerse los distraidos? ¿Y los intendentes y comisionados qué excusas podrán oponer?
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