El Sindicato Judiciales Puntanos emitió un comunicado apuntando a la Agencia de Noticias del gobierno y a un portal periodístico, por “tergiversar declaraciones del Secretario General Luciano Cardarelli”.
El malestar del SiJuPu se relaciona con la interpretación de su postura en torno del decreto gubernamental que dispuso los controles toxicológicos a los funcionarios del Ejecutivo y la invitación a adherir al resto de los poderes del Estado.
“La adicción es una cuestión de salud, no de criminalización”, sostuvo el gremio judicial.
Secretario General del SiJuPu, Luciano Cardarelli.
El comunicado señala en forma textual:
“Hoy expresamos nuestro enérgico repudio a los medios oficialistas como Agencia de Noticias San Luis y el portal El Chorrillero, quienes, en lugar de abordar con profundidad los temas cruciales que afectan al sistema judicial y a la sociedad, decidieron tergiversar las declaraciones de nuestro secretario general, Luciano Cardarelli, sacando de contexto nuestra conferencia de prensa.
En la conferencia, se explicó con claridad el destrato y las contradicciones en el proceso de Conciliación Obligatoria, el cual concluyó el lunes pasado. En dicha audiencia, este sindicato demostró el incumplimiento del Artículo 6 de la Ley de Escala Salarial del Poder Judicial, lo que representa un desfasaje salarial del 20,38%. Además, se resaltó la grave situación funcional y salarial que enfrentamos, debido a la falta de autarquía económica, autonomía e independencia del Poder Judicial, y al recorte inconstitucional del 25% en el presupuesto 2025 que afecta seriamente el funcionamiento del servicio de justicia.
Sin embargo, los medios mencionados eligieron concentrarse en un título amarillista: “El Sijupu no apoya el narcotest a jueces: ‘Hay que rendir cuentas por el desempeño, no por cuestiones privadas’”. Estos medios ignoraron lo verdaderamente importante y tergiversaron la información sin transmitir el video completo de la conferencia, tal como ocurrió en el canal del gobierno.
Es fundamental aclarar que en ningún momento el Secretario General, Luciano Cardarelli, expresó estar a favor o en contra del decreto de narcotest. Lo que brindó fue un análisis legal de la situación, cuestionando: ¿qué ocurre después del test? Haciendo alusión a la normativa y la falta de claridad en el decreto emitido por el Ejecutivo provincial. Cardarelli también explicó los mecanismos legales para destituir a un juez, por lo cual el enfoque de este decreto es más simbólico que funcional.
Desde el SIJUPU, consideramos que este decreto busca más el aplauso fácil que una solución efectiva al problema. Es preocupante que, en lugar de enfocarse en el tratamiento y rehabilitación de las adicciones, se priorice la penalización. Creemos que las adicciones deben ser abordadas con un enfoque basado en la evidencia, que incluya:
Tratamientos médicos y terapéuticos:
Intervenciones profesionales para tratar las adicciones de manera efectiva.
Apoyo y rehabilitación: Acompañamiento durante el proceso de recuperación, garantizando el soporte emocional y social necesario.
Preparación para la vida después del tratamiento: Facilitando la readaptación social y profesional para quienes se ven afectados por las adicciones.
En lugar de enfocarse en soluciones reales, nos preocupa que el gobierno provincial esté más preocupado por pagar publicidad y manipular la información con fines de politiquería, que por la salud mental de los y las trabajadoras. Esto queda en evidencia en el Presupuesto General de Gastos de la Provincia para el año 2025, donde es escalofriante la cantidad de dinero destinada a la Secretaría de Prensa, mientras los fondos para salud mental y otros servicios esenciales se ven drásticamente recortados.
Creemos firmemente que un enfoque meramente punitivo no resuelve nada. Penalizar a las personas sin brindarles apoyo o tratamiento no sólo no soluciona el problema de fondo, sino que lo agrava.
La adicción es una cuestión de salud, no de criminalización.
Desde el SIJUPU, seguimos luchando por una justicia independiente, con salarios dignos y por una atención adecuada a la salud mental de todos los trabajadores y trabajadoras judiciales, porque entendemos que la salud no es negociable ni debe ser politizada”.
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