El cuerpo deliberativo de la villa turística de Merlo se convirtió en el primer cuerpo legislativo de la provincia en aprobar la adhesión a la realización de controles toxicológicos a sus miembros, pero con una mirada más humana y menos sancionatoria que la legislación provincial.
En su última sesión, los ediles aprobaron la Ordenanza N° X-1136-C.D.-2024, a través del cual se dispone la “obligatoriedad de la realización de exámenes toxicológicos aleatorios para todos los miembros del Concejo Deliberante, los cuales “se realizarán al inicio de cada período legislativo y de manera periódica durante el mismo”.
Al igual que en el orden provincial, la norma indica que dichos exámenes “serán realizados por una institución pública independiente y de reconocido prestigio, garantizando la imparcialidad y confidencialidad en los resultados”.
La principal diferencia es en cuanto a las consecuencias que tendrá para aquellos legisladores a los que les den positivos los controles. Indica en este sentido que “…se procederá a un segundo análisis confirmatorio, realizado por la misma entidad. De confirmarse el diagnóstico, el/la Edil será apartado/a temporalmente de sus funciones hasta que se garantice su recuperación, de acuerdo a la normativa y los protocolos establecidos”.
Sostiene además que “la aplicación de los controles será de carácter preventivo y no discriminatorio, buscando el apoyo y la reintegración plena de las Concejalías en sus funciones, siempre que se cumplan con las recomendaciones y tratamientos establecidos por el sistema de salud pública”.
En ningún caso habla de apartar o hacer cesar en sus funciones al concejal, sino que se establece, en el artículo 6°, la “Asistencia y recuperación: Se aplicarán las disposiciones legales vigentes para brindar asistencia a aquellos que obtengan resultados positivos, facilitando su acceso a tratamientos y licencias correspondientes, conforme a los protocolos médicos y legales aplicables”.
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