ALLENDE ASEGURÓ QUE EL PODER JUDICIAL CUMPLIRÁ CON LA LEY DEL NARCOTEST

En el marco de la aprobación y promulgación de la Ley N° V-1146-2024, que establece para los funcionarios públicos que se desempeñen en el nivel jerárquico y/o político de los tres Poderes del Estado Provincial, se realicen un examen toxicológico preventivo, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Allende, declaró públicamente, que el Poder Judicial cumplirá con la Ley, de acuerdo a la reglamentación que se disponga oportunamente, considerando la misma, como “una disposición institucional que busca prevenir la salud y la función de cada uno”.

Citando a Fray Mamerto Esquiu (en la Asamblea General Constituyente de 1853), quien manifestaba: “Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución”, el titular del Alto Cuerpo Judicial, afirmó que, desde la justicia provincial, “daremos cumplimiento acabado con la ley”.

No obstante, recordó que se debe tener en cuenta que dicha normativa establece que el procedimiento sea aleatorio -no voluntario- y que los resultados del examen sean considerados “datos sensibles” en los términos de la Ley Nacional Nº 25.326, la que será aplicable en todo cuanto sea compatible con la presente norma. En este sentido, “la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación”, sostuvo.

La adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales (OMS).

Muestra de esta concepción sobre las adicciones, es el proyecto de la Organización Panamericana de la Salud que propone un “Abordaje Integral de la Concurrencia entre Trastornos por Uso de Sustancias y otros Trastornos Mentales y de la Conducta, en países de América Latina”, el que se enmarca en los acuerdos desarrollados en materia de salud pública, entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Gobierno de España y el Instituto Nacional de Psiquiatría (Centro Colaborador OMS), para fortalecer el enfoque de la salud pública en el abordaje de los problemas relacionados con el uso de sustancias en los países de las Américas. Como así también, tener presente la vigencia de la legislación nacional sobre salud mental.

“Los argentinos debemos ser esclavos de la Ley, sin ley no hay libertad real. Si hay una ley, la vamos a respetar… estamos a la espera de la reglamentación de la misma”, finalizó el Presidente del Alto Cuerpo Judicial.

SOBRE LOS COSTOS DEL NARCOTEST

En este mismo orden, consultado por el gasto presupuestario que implicará llevar adelante los referidos análisis, el Dr. Allende informó que esta semana ha remitido nota al Ministro de Gobierno y Justicia, Dr. Facundo Endeiza, para solicitar un refuerzo de la partida presupuestaria, toda vez que el importe que fuera aprobado en el presupuesto 2024 y 2025 del Poder Judicial, no contempla el monto correspondiente para afrontar los gastos que demande la Ley mencionada, que, una vez reglamentada la misma, se informará la cuantía del refuerzo. “El costo de cada estudio está valuado en 100 mil pesos aproximadamente, en el Poder Judicial somos 300 funcionarios, lo que implicaría un gasto total de 30 millones de pesos”, explicó el magistrado.

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