CERTIFICADOS TRUCHOS: RECHAZARON APELACIÓN Y SEGUIRÁ PRESA LA PAREJA IMPUTADA

Definitivamente, les salió cara la jodita. El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción rechazó el pedido de la defensa de Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo de revocar sus prisiones preventivas y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía N° 2 en la audiencia de formulación de cargos del 26 de noviembre. De este modo, la pareja acusada de asociación ilícita y defraudación en la administración pública permanecerá privada de su libertad en el Servicio Penitenciario Provincial.

LA AUDIENCIA

Este lunes, el abogado Federico Farías, solicitó al tribunal que revoque la medida de coerción contra sus defendidos y propuso que el proceso judicial lo transiten bajo prisión domiciliaria. El defensor además informó que ambos “padecen graves problemas de adicciones y necesitan un tratamiento especial”.

Farías también mencionó que la acusación es por delitos excarcelables por lo que la prisión preventiva aplicada es “desproporcional e improcedente” y que ni Tonelli ni Toledo tienen “fondos para fugarse y que tampoco tienen antecedentes penales”.

En sentido opuesto, el fiscal de Instrucción Esteban Roche pidió que se rechace lo solicitado por la defensa y que se confirme lo ordenado por la jueza de Garantía Agustina Dopazo Samper. En ese dictamen, la magistrada ordenó 30 días de preventiva.

“Existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación por es importante cautelar la investigación con la prisión preventiva. Se debe tener en cuenta el comportamiento de los imputados en el proceso, que luego de que se le formularon cargos continuaron emitiendo certificados falsos. Existe una reiterancia delictiva. Hay una tercera persona involucrada por eso se agregó lo de la asociación ilícita. Y justamente por la modalidad de los delitos, que fueron cometidos en el domicilio de los imputados, solicitamos que no se haga lugar al pedido de prisión domiciliaria”, dijo el fiscal.

Santiago Salomón Calderón, representante de Fiscalía de Estado, adhirió a las palabras de Roche. “Se les formularon cargos y continuaron delinquiendo. Hubo un segundo allanamiento en la causa con resultado positivo por lo que ninguno quiso estar a derecho y por lo contrario, desafiaron a la justicia”, expresó.

La Pao y el Pepe seguirán en el Servicio Penitenciario.

El 26 de septiembre pasado, el fiscal N° 3 Roche, imputó a la pareja por el delito de falsificación de documentos públicos y privados luego de que un médico denunciara ante la Unidad de Abordaje Fiscal, que los acusados usaban su sello y firma para emitir certificados médicos y ofrecerlos por internet a cambio de dinero.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Luego de escuchar a cada una de las partes, el presidente del tribunal, Jorge Sabaini Zapata, informó que no correspondía hacer lugar a la solicitud de la defensa de los imputados y confirmó la decisión de Dopazo Samper.

“A los acusados se le formularon cargos y continuaron con los hechos delictivos por lo que este elemento nos hace poner en foco que no se ajustaron a derecho. Esto nos hace suponer que puedan entorpecer la investigación y la posibilidad de adulterar información por lo que existe un riesgo procesal”, dijo el juez y concluyó: “entendemos que la resolución de la jueza es ajustada por lo que este tribunal confirma su resolución”.

El tribunal estuvo integrado por Jorge Sabaini Zapata en la presidencia, y las vocalías de Yanina Del Viso y Marcelo Bustamante Marone.

LA CAUSA

La causa se inició por una denuncia de un médico ante la Unidad de Abordaje Fiscal. El profesional informó que la pareja emitía certificados médicos falsificados con su firma y sello, los cuales eran ofrecidos a través de una página de Facebook. Gracias a la colaboración del Departamento de Delitos Complejos y un informe proporcionado por Meta, se identificó a los responsables de esta operación.

El 6 de junio, luego de determinar los domicilios de los involucrados, se llevó a cabo un allanamiento en el barrio San Luis 26, con resultado positivo. Durante el operativo, realizado en presencia de Toledo, se secuestraron recetarios, formularios de ANSES, sellos falsos, documentos personales y el teléfono de Tonelli, el cual fue clave para el avance de la investigación.

La pericia caligráfica realizada por la Licenciada Carina Bernal, del Departamento de Delitos Complejos, confirmó la falsificación de las firmas y sellos en los documentos incautados. Entre los archivos recuperados, también se encontraron certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para la asignación por hijo, y libretas de salud, entre otros. Asimismo, en estados de WhatsApp, la imputada ofrecía certificados para justificaciones laborales, escolares, aptos físicos, libretas sanitarias y carnets de conducir.

A la pareja se les formuló cargos el 26 de septiembre y se les ordenó la firma del libro de Fiscalía por sesenta días y la prohibición de salir del territorio provincial. A pesar de las medidas de coerción impuestas, la fiscal tomó conocimiento que la pareja imputada continuó con la actividad delictiva. Un certificado médico con fecha del 11 de octubre de 2024 fue una de las pruebas que motivó a la Fiscalía a solicitar un nuevo allanamiento.

Por lo que se les volvió a formular cargos el 26 de noviembre. En esa audiencia se le dictó la prisión preventiva para ambos por el término de 30 días. Además de Tonelli y Toledo, se imputó a Graciela Apaza Señani por falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita, a quien le ordenó, como medidas coercitivas, la firma del libro de Fiscalía por noventa días y la prohibición de salir del territorio provincial.

El Tribunal de Impugnaciones es el encargado de revisar las decisiones de los jueces de garantías u otras resoluciones judiciales susceptibles de ser impugnadas, garantizando que se respeten los derechos de las partes y que los actos procesales cumplan con los principios de legalidad y justicia.

 

 

 

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