Fernando Andrés Salas, fiscal adjunto, enfrentará un juicio oral tras ser imputado por amenazas y desobediencia en perjuicio de su expareja y sus hijas. Además, la jueza ordenó que continúe utilizando la tobillera electrónica por tres meses más.
La audiencia de control de acusación se llevó a cabo este martes, luego de haber sido suspendida en varias ocasiones.
Salas, quien desempeña sus funciones de manera remota y bajo monitoreo electrónico, fue denunciado el año pasado por hechos de violencia que involucran tanto a su expareja como a sus hijas. Sin embargo, durante el proceso, se registraron nuevos episodios.
La audiencia duró más de dos horas y estuvo a cargo de la jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper. A pesar de tratarse de un procedimiento público, la defensa de Salas, representada por Omar Uría y Lucas Sosa, junto al fiscal Maximiliano Bazla Cassina, solicitaron que la prensa no tuviera acceso.
Tras escuchar las presentaciones de las partes y los argumentos de la defensa, la jueza Dopazo Samper resolvió elevar la causa a juicio. Salas enfrenta cargos por cinco hechos de amenazas y cinco de desobediencia, todos en un contexto de violencia de género y en concurso real.
Inicialmente, Salas había sido acusado por siete episodios de desobediencia, pero dos de ellos quedaron descartados en esta instancia al determinarse que ocurrieron antes de que se dictara la prohibición de acercamiento vigente.
El fiscal Bazla Cassina ratificó el pedido de una condena de dos años de prisión en suspenso. Por otro lado, a pedido del abogado querellante, Santiago Calderón Salomón, la jueza decidió extender por tres meses más la prohibición de acercamiento y el uso de tobillera electrónica, al considerarse que existe un riesgo vigente en el caso.
Durante la investigación, se reunieron pruebas que evidencian violencia psicológica, amenazas, agresiones verbales, hostigamiento, control y descalificaciones hacia su expareja y sus hijas.
Cabe recordar que en agosto se había planteado una suspensión del juicio a prueba, bajo la condición de que Salas cumpliera ciertas medidas, incluida su internación en una clínica privada fuera de San Luis. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada debido a la oposición de la defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Marcela Torres Cappiello, lo que motivó la decisión final de la jueza Dopazo Samper.
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