La sentencia exhorta al STJ a convocar un foro de debate que reúna a abogados, magistrados, legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, para analizar las fallas del sistema y promover reformas legislativas necesarias.
En un fallo histórico, la Jueza María Eugenia Bona, del Juzgado Laboral Nº 2, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Colegio de Abogados de Villa Mercedes (CAVM) contra el Superior Tribunal de Justicia de San Luis (STJ).
La acción buscaba abordar la denominada “crisis judicial” en la provincia, caracterizada por una morosidad estructural que afecta tanto a abogados como a ciudadanos.
El CAVM, representado por su presidenta Mariela Bettina Blengino, denunció graves retrasos en la resolución de causas judiciales, calificando la situación de “crisis institucional”. Argumenta que la demora no solo afecta el acceso a la justicia de los ciudadanos, sino también el derecho de los abogados al ejercicio pleno de su profesión, vulnerando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Por su parte, el STJ, a través de la Fiscalía de Estado, consideró que el amparo no era la vía idónea, señalando que ya existían reformas en marcha, como la implementación de Oficinas de Gestión Unificada (OGU). Sin embargo, la jueza concluyó que las modificaciones no han logrado solucionar los problemas estructurales.
FUNDAMENTOS DEL FALLO
La jueza Bona subrayó la legitimidad del amparo colectivo, sobre la base del artículo 43 de la Constitución Nacional y en el precedente “Halabi” de la Corte Suprema. En su análisis, destacó la afectación directa a los derechos laborales y alimentarios de los abogados, así como el impacto negativo en los justiciables.
El fallo también incluyó referencias a declaraciones testimoniales conmovedoras, que evidenciaron el perjuicio humano detrás de los expedientes judiciales. La jueza enfatizó la necesidad de un sistema judicial más ágil y eficiente.
MEDIDAS EXHORTADAS
La sentencia exhorta al STJ a convocar un foro de debate que reúna a abogados, magistrados, legisladores y representantes del Poder Ejecutivo. El objetivo: analizar las fallas del sistema y promover reformas legislativas necesarias. Asimismo, se remitirán copias del fallo al Gobernador, al Ministro de Gobierno y al Vicegobernador de la provincia para su consideración.
El fallo pone de manifiesto la importancia de la justicia como pilar fundamental de la paz social. La jueza Bona cerró su dictamen citando al jurista Couture: “Ten fe en el derecho como mayor instrumento para la convivencia humana; ten fe en la justicia como destino normal del derecho…”.
Este acto judicial no solo busca soluciones inmediatas, sino también replantear el sistema judicial en su conjunto, para garantizar el acceso efectivo a la justicia en San Luis.
La magistrada es la misma que en octubre de 2023 hizo lugar a la medida cautelar presentada por Claudio Poggi, que ordenó al entonces gobernador Alberto Rodr´piguez Saá, que suspendiera las contrataciones y licitaciones que excedieran su mandato. La disposición alcanzó al Poder Ejecutivo, la administración central y descentralizada, organismos autárquicos, entes desconcentrados del Estado, agencias, y sociedades.
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