ASOCIACIÓN ILÍCITA: TRIBUNAL RECHAZÓ ARGUMENTOS DE LA DEFENSA DE DOS DE LOS ACUSADOS

Este viernes por la mañana se llevó a cabo una audiencia de control de acusación en el marco de una causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada a la venta de vehículos con documentación falsificada. Durante la audiencia, los abogados defensores Iván Coria, en representación de Eve Tapia, y Facundo Sosa en defensa de Eric Quevedo, solicitaron la revisión de lo resuelto en Primera Instancia. Los letrados presentaron críticas a la investigación y a las pruebas recolectadas en el caso.

“A mi defendido se le atribuye formar parte de una asociación ilícita, una acusación que hemos cuestionado tras analizar el expediente, ya que no existen pruebas de que tenga relación o conexión alguna con los supuestos líderes de esta organización”, argumentó Iván Coria, abogado de Tapia. Además, destacó que su cliente es analfabeto y trabaja en un lavadero de autos, donde recibía una comisión por facilitar las ventas de vehículos. Explicó también que el dinero incautado en uno de los allanamientos, la suma de $2.600.000, era destinado a la compra de un automóvil por parte del yerno de Tapia, quien le había pedido que lo resguardara.

Por su parte, el Fiscal Subrogante de Instrucción Nº 2, Esteban Roche, actuó en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y requirió al tribunal que desestime el planteo de la Defensa. “Se trata de una investigación compleja que involucra a 14 acusados. Es prematuro discutir el rol específico de cada uno en esta etapa inicial de la Investigación Penal Preparatoria. Estos aspectos se determinarán más adelante”, declaró Roche. También subrayó que, según los informes y análisis telefónicos, Tapia era identificado con el alias “Tito”, información corroborada mediante datos policiales y comunicaciones interceptadas.

Facundo Sosa, defensor de Quevedo, también refutó las acusaciones, y dijo que los informes recopilados no mencionan a su cliente de forma directa. Lo único que lo vincularon fueron cuatro fotografías de marzo de 2024 en redes sociales, donde aparece en un boliche, sostuvo el abogado. Además, argumentó que Quevedo no cuenta con antecedentes penales y que la prisión preventiva podría perjudicar su futuro, especialmente considerando su condición de extranjero. Sin embargo, el fiscal Roche respondió que su pasaporte está vigente y la posibilidad de salir del país representa un evidente peligro de fuga.

El Fiscal también destacó que Tapia enfrentaba una causa en el fuero Federal y que pesaba sobre él una prisión preventiva dictada en ese ámbito. Agregó que durante la formulación de cargos se habían presentado 23 evidencias que vinculaban a los acusados con más de 50 casos de estafas y encubrimiento.

Tras analizar los argumentos, el tribunal, integrado por el presidente Jorge Sabaini Zapata y las juezas Laura Molino y Monserrath Bocca -presente en la audiencia de manera virtual-, resolvió de manera unánime rechazar la solicitud de los abogados defensores. Sabaini Zapata coincidió con los fundamentos del fiscal y señaló que la calificación de asociación ilícita no estaba en discusión en esta instancia. “Lo que corresponde ahora es resguardar el desarrollo de la investigación, dado su nivel de complejidad y el potencial involucramiento de otras personas”, concluyó el Presidente del Tribunal.

EL CASO

Según la investigación, la banda operaba de manera sofisticada y se dedicaba presuntamente a la comercialización de vehículos con documentación falsificada. El modus operandi incluía la adquisición de automóviles en Mendoza y su venta en San Luis utilizando cédulas de identificación vehicular, certificados notariales y formularios de registro automotor fraudulentos.

El grupo empleaba la plataforma de ventas Facebook para contactar a sus víctimas mediante perfiles falsos, haciéndose pasar por los legítimos propietarios. Para ganar confianza, utilizaban distintos números telefónicos y organizaban reuniones en persona, donde exhibían documentos aparentemente auténticos, como el formulario 08 con presunta certificación notarial.

Sin embargo, los investigadores detectaron irregularidades al identificar que todos los documentos contenían el mismo número de certificación notarial, correspondiente al registro notarial 51, y el mismo número de documento, aunque con distintos nombres de firmantes. La investigación, que abarca casos desde 2021, también reveló que las transacciones se concretaban en un domicilio ubicado en el centro de la ciudad de San Luis.

Este lugar, además, estuvo vinculado a otro hecho delictivo cuando el presunto cabecilla de la banda, identificado como Gatica, fue apuñalado en el sitio por otro hombre en circunstancias que aún se investigan. Además, en un operativo relacionado, la policía allanó un campo en Estancia Grande, donde se incautaron 688 plantas de marihuana. El procedimiento fue calificado “sin precedentes en la provincia” por las autoridades.

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