La decisión del Gobierno Nacional de avanzar con el cierre de 38 distritos y 31 receptorías de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en todo el país tiene consecuencias directas en Villa Mercedes. A partir del 18 de abril, la oficina local de Balcarce 317 dejará de funcionar, dejando en incertidumbre a 22 empleados y afectando gravemente a los contribuyentes de la región.
Con la excusa de la reestructuración, esta política de ajuste impulsada por Javier Milei, no solo desmantela una estructura clave para la gestión fiscal en la provincia de San Luis, sino que también genera una crisis social y económica en la comunidad afectada. Mientras que la capital provincial mantendrá su agencia, Villa Mercedes perderá una estructura fundamental, eliminando una jefatura y dejando a decenas de familias en una situación angustiante.
DESPROTECCIÓN
Los trabajadores de ARCA en Villa Mercedes enfrentan un panorama desolador. Sin una notificación oficial sobre su destino laboral, deben decidir entre aceptar un traslado a la ciudad de San Luis, ubicada a más de 90 kilómetros, o quedar en la incertidumbre del desempleo.
Esta medida no solo afecta su estabilidad económica, sino que también altera su vida personal y familiar, obligándolos a asumir costos adicionales e impactando en su bienestar.
“Los compañeros están a la deriva. Son 22 personas a las que, de un día para el otro, les cambia la vida social, personal y laboral”, advirtió Oscar Cardinali, secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), seccional Cuyo.
El Convenio Colectivo de Trabajo establece que los empleados no pueden ser trasladados a más de 50 kilómetros sin su consentimiento, sin embargo, la distancia hasta la capital provincial supera este límite, dejando a los trabajadores en una posición extremadamente vulnerable.
IMPACTO EN LOS CONTRIBUYENTES
El cierre de la oficina de ARCA (ex AFIP) en Villa Mercedes, no solo afecta a los trabajadores, sino también a los ciudadanos que dependen de la agencia para realizar sus trámites fiscales. A partir de abril, quienes necesiten asistencia presencial deberán trasladarse a San Luis capital o recurrir a gestores privados, lo que implica un costo adicional y una barrera de acceso a derechos fundamentales.
“Quienes no puedan hacer un trámite virtual o tengan algún problema deberán trasladarse a San Luis o pagarle a alguien para que lo haga”, señaló Cardinali, evidenciando el impacto directo que tendrá esta decisión en la población.
Esta medida, lejos de representar un avance en la eficiencia del Estado, profundiza la desigualdad y el desamparo de los sectores que más dependen de los servicios públicos. Con cada oficina cerrada, se debilita la presencia del Estado en las comunidades del interior, dejando a los ciudadanos con menos derechos y menos herramientas para cumplir con sus obligaciones fiscales.
El desmantelamiento de la oficina de ARCA en Villa Mercedes es un golpe a los trabajadores, a los contribuyentes y a la ciudad en su conjunto. Un reflejo más de las políticas de ajuste que, lejos de generar soluciones, profundizan la crisis social y económica que atraviesa el país.
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