Lleva las firmas de las diputadas del Bloque Unidad Justicialista, Fernanda Spinuzza y Silvia Sosa Araujo, quienes solicitan al Poder Ejecutivo que informe al detalle cuál fue la situación financiera del 11 de diciembre al 2 de enero, tras la asunción de la actual gestión.
Dado que las cámaras tienen un largo receso hasta el próximo 1° de abril, la iniciativa legislativa lleva como propósito cuestionar a la actual gestión e instalar la duda sobre la real situación financiera en que entregó el gobierno Alberto Rodríguez Saá.
El proyecto pide conocer el nivel de reservas del Estado provincial en ese lapso para verificar ese dato que, según aseguran, desmiente los fundamentos que llevaron al gobernador Claudio Poggi a tomar la decisión de desdoblar en dos cuotas los salarios de diciembre y enero.
Las legisladoras interpretan que la medida adoptada se hizo “bajo el falaz argumento de una emergencia pública ‘en materia económica, financiera, administrativa, alimentaria, sanitaria, educativa y de seguridad’”.
“A un mes de haber asumido, no solo se presenta como incapaz de resolver la fundamental tarea de pagar salarios en tiempo y forma, sino que de manera inédita en la historia de la provincia, para cumplir con policías, docentes, personal de salud y empleados estatales considera como única forma viable la adquisición de deuda pública para financiar gastos corrientes”, chicanean en el proyecto.
Según los datos que aportan las diputadas, en la programación financiera para diciembre de 2023 –decreto que fue remitido a la Cámara baja con la ratificación del actual ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Alberto Ordoñez, el 21 de diciembre – “las reservas brutas de la provincia alcanzaban los $85.965.459.179, que, tras descontar saldos de cuentas corrientes en pesos, órdenes de pago y lo correspondiente a AFIP, arrojaba un resultado neto en reservas de $53.791.346.282 al 30 de noviembre de 2023”.
Ministro de Hacienda Néstor Ordoñez.
“Poco más de cincuenta y tres mil millones de pesos para afrontar los gastos de diciembre de 2023, a los cuales debían sumarse los $57.270.027.574 de ingresos corrientes proyectados para ese mes en el mismo instrumento, arrojando un resultado de más de ciento diez mil millones de pesos. Cifra más que suficiente para afrontar los poco más de noventa y cuatro millones de pesos de egresos proyectados para diciembre, los que incluyen los salarios del personal de la administración pública, una erogación que representa $23.251.926.052”, detallan.
“¿Por qué, entonces, esta persistente negativa del Poder Ejecutivo? ¿Qué sucedió con el dinero de las reservas netas que dejó la gestión saliente? Como cualquier decisión política a cargo de quienes tienen el rol de gobernar, requiere de cimientos y fundamentalmente de responsabilidad para con quienes sufren sus consecuencias. Los trabajadores estatales y sus familias, que afrontan situaciones verdaderamente angustiantes como consecuencia de esta infundada decisión, demandan respuestas”, concluyen.
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