Con el patrocinio del abogado Marcelo Neme (foto), la presentación estuvo a cargo de la abogada Marisa Laura Avellaneda, ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
La norma cuestionada es la controvertida Ley Nº XV-1104 -2023 que promovió el gobernador Alberto Rodríguez Saá, y que tuvo sanción por mayoría en ambas cámaras, a través de la cual se crean más de medio centenar de cargos directivos con sueldos superiores al millón de pesos.
En la misma presentación también se recusó a la ministra del máximo órgano de justicia provincial, la Dra. Carolina Monte Riso, esposa del secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo.
“Esto es a los efectos de evitar subjetividades, entendemos que estará muy subjetivizada para resolver en este tipo de cuestión y por eso decidimos recusarla”, explicó el Dr. Neme.
Yendo al fondo del pedido para que se declare la inconstitucionalidad de la polémica ley, agregó que en la misma se estableció que la forma de designación de esos funcionarios “será por la simple mayoría de los votos de ambas cámaras, pero eso entra en colisión con lo que establecen los artículos 4, 16 y 23 de la Constitución provincial”.
En ese sentido, afirmó que para el nombramiento de las personas que ocuparán los cargos, a los que definió como técnicos, deben tenerse en cuenta la idoneidad, igualdad de oportunidades y se tiene que implementar un concurso de antecedentes “de modo tal que las personas que sean designadas son las que mayor capacidad o atribuciones tengan”.
En la presentación ante el STJ se expone, a modo de conclusión: “La Ley Nº XV-1104 -2023, no es inconstitucional a crear los 52 cargos del Cuerpo Especial de Directores, ya que está dentro de sus atribuciones hacerlo, pero si es INCONSTITUCIONAL el mecanismo establecido de designación de esos cargos, ya que establece “ Todos los Directores serán designados por cada Cámara, por mayoría simple, y tendrán una retribución equivalente a la de los Prosecretarios de Cámara”, sin establecerse un mecanismo de selección que respete el plexo Constitucional, generando una discriminación arbitraria, que produce una fragrante violación de la igualdad de oportunidades, alterándose los principios en los cuales deben basarse nuestro Gobierno, conforme el mencionado art.4, 16 y 23 de la Constitución Provincial y 16 de la Constitución Nacional, obviamente violando el principio de igualdad ante la ley”.
“Todos sabemos que estos cargos fueron creados en forma específica para designar a funcionarios salientes, que se van a quedar sin trabajo a partir del 10 de diciembre, alguno de los diputados y senadores que también se van o los parientes, pero el Poder Legislativo puede decir que, si hacen falta 80, 90 o 100 puestos para que funcione la Legislatura, si tienen el presupuesto lo pueden hacer. Pero cuando está mal la designación de esas personas entramos dentro de las facultades regladas de la administración porque no tienen la posibilidad de designarlos discrecionalmente, sino que tienen que respetar la Constitución”, consideró.
La promotora de la presentación ante el STJ, Marisa Laura Avellaneda, es abogada y escribana recibida en la Universidad Católica de Cuyo, se ha desempeñado como asesora en el Senado de la Nación y también ha ocupado numerosos cargos en el Estado provincial, el último de los cuales fue la titularidad de la Oficina Legal del Ministerio de Gobierno Justicia y Culto del Gobierno de la Provincia de San Luis, desde 12 de junio de 2017 al 30 de septiembre de 2018.
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