Los anuncios que hizo en la tarde de ayer el gobernador Alberto Rodríguez Saá, de aumento salarial a la administración pública, beneficiarios de planes sociales y de programas de becas, provocaron la reacción de la oposición, que salió con los tapones de punta a acusar al gobierno por violación de la veda electoral.
A tres días de las elecciones del próximo domingo 22, en la que se elegirán además de presidente y vice, 3 senadores y 2 diputados nacionales, además de parlamentarios del Mercosur, los anuncios formulados en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, fueron interpretados como una maniobra destinada a captar la adhesión electoral en el grueso segmento de la población que depende del Estado provincial.
En el acto se encontraban varios de los candidatos que postula el oficialismo para los presentes comicios, por lo que ya se estarían redactando los escritos que se presentarán ante la justicia federal, con la intención de denunciar a los mismos y al primer mandatario.
El Código Electoral Nacional (Ley N°19945) expresa que está prohibido “durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.
La misma norma establece una serie de penas por incumplir con la veda, que van desde multas hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos o prisión.
En igual sentido que cuando el gobierno cuestionó el fallo de la jueza María Eugenia Bona, que paralizó la ejecución de obras públicas que exceden el mandato de la actual gestión, fuentes del oficialismo argumentaron a Apuntes de San Luis que el gobernador no es candidato “y en el marco de la situación inflacionaria, tiene la obligación de tomar medidas para asegurar el poder adquisitivo de los salarios” de los empleados públicos y trabajadores de planes sociales.
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