Está involucrada la anterior conducción gremial, cuya ex secretaria general está sospechada de haber hecho más de cien transferencias indebidas a su cuenta personal y a la de su pareja.
Este martes se desarrolló una audiencia de formulación de cargos en el marco de una investigación por defraudación por administración fraudulenta, que tiene como imputados a una mujer y a un hombre.
El representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Leandro Estrada (foto), relató que esta investigación inició con la denuncia de una señora -en carácter de secretaria gremial- del sindicato que tiene sede y domicilio legal en la ciudad de Villa Mercedes. Actualmente la denunciante es secretaria general.
En su denuncia manifestó que la imputada –cuando cumplía funciones de secretaria general- realizó transferencias digitales y de manera ilegítima desde la cuenta corriente del sindicato a su cuenta personal y a la de su pareja. Los informes del banco indicaron que las operaciones, que fueron 126 por diferentes montos, se realizaron en distintos períodos.
El fiscal explicó que estas maniobras fueron efectuadas en un marco de ilegitimad, defraudación al patrimonio y exceso de función de cargo. La imputada para realizar estas transferencias necesitaba de la utilización del token de otra persona que desconocía de la utilización del dispositivo.
El juez Santiago Ortíz.
Dichas operaciones fueron advertidas por integrantes de la comisión del gremio quienes solicitaron rendición de cuentas e informes bancarios. Luego del procedimiento administrativo –interno del gremio- se procedió a la desafectación y cesantía de la imputada.
Mencionó que luego de la desafectación se realizaron más transferencias.
Según pudo establecer Apuntes de San Luis, la defraudación es en perjuicio del Sindicato de Empleados de Farmacia San Luis, con sede en Pescadores 84, de Villa Mercedes, donde también funciona la obra social.
La fiscalía formuló cargos a ambas personas como co autores funcionales del delito de defraudación por administración fraudulenta y manifestó que la imputada tenía como función la obligación de administrar con cautela el financiamiento del sindicato dentro de los límites legales de su mandato establecidos en el estatuto, y el hombre –pareja de la imputada- permitió y recibió transferencias conociendo el origen de las mismas.
La querella fue representada por los Dres. Flavio y Gustavo Avila, y en su exposición adhirieron a lo manifestado por fiscalía y a la formulación de cargos de los delitos endilgados. En su alegato mencionaron la utilización de un dispositivo –perteneciente a otra persona- para realizar los movimientos bancarios y destacaron que estas acciones perjudicaron a todos los afiliados del sindicato y con el único fin de beneficiar a los imputados. Además dijeron que se trató de un plan destinado a defraudar los montos de la entidad gremial.
La defensa, ejercida por el Dr. Del Signori Maximiliano, no formuló objeciones en relación a la formulación de cargos. Los imputados se abstuvieron de declarar.
Antes de la lectura de cargos, la defensa planteó un recurso de incompetencia territorial de agente fiscal y Juzgado, en su planteo argumentó que el hecho se produjo en la ciudad de San Luis por lo que debería proceder allí la investigación.
El fiscal a cargo, pidió que se rechace dicho planteo ya que se trataron de transferencias digitales y que el damnificado es el sindicato cuyo domicilio legal es en la ciudad de Villa Mercedes. La querella adhirió y el Juez informó que se expediría luego de la formulación de cargos.
El Dr. Santiago Ortiz consideró que con respecto a lo expuesto por la fiscalía y querella en relación a los hechos, y teniendo en cuenta que el medio defraudatorio se habría producido por transferencias electrónicas, el domicilio del sindicato y donde tiene la apertura de cuenta bancaria, resolvió declarar la competencia territorial de fiscalía y del Juzgado de Garantía Nº 2 para la tramitación de la causa.
La defensa hizo reserva de interponer recurso ante esta declaración de competencia territorial y argumentó entre otras cuestiones que se vulneran derechos y garantías fundamentales.
Finalmente, el Dr. Ortiz –como subrogante del Juzgado de Garantía Nº 2- formuló cargos de manera provisoria por el delito de defraudación por administración fraudulenta como co autores en perjuicio de la entidad gremial.
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