El siniestro se produjo en la Villa de Merlo. Para mantener el beneficio, el imputado deberá abonar a la damnificada la suma de 220 mil pesos y realizar tareas comunitarias por el término de un año y cuatro meses.
El miércoles 22 de noviembre, en el Juzgado de Garantía N°1 con asiento en Concarán, se llevó a cabo una audiencia multipropósito en el marco de una causa por lesiones graves en accidente de tránsito.
El imputado es J.L.L., de 21 años, y el hecho ocurrió el 10 de septiembre de 2022 alrededor de las 13:00 hs., sobre calle Cerro Blanco, a la altura de la estación de servicio Axion de la Villa de Merlo.
De acuerdo a la pericia accidentológica, el joven circulaba a bordo de su motocicleta en compañía de otra persona. Al llegar a la calle Cerro Blanco, intentó dar un giro en U y terminó colisionando con otro motovehículo que circulaba en el mismo sentido. La conductora del mismo era una mujer, quien a causa del siniestro sufrió graves lesiones en su pierna izquierda y debió ser intervenida quirúrgicamente. El médico forense constató la lesión, prescribiéndole inhabilitación laboral por 60 días y un tiempo probable de curación por igual periodo.
En la audiencia desarrollada el pasado 22 de noviembre, la Fiscal Débora Antonella Roy Gitto, acompañada por su par, la Fiscal Adjunta Lorena Ohanian, imputó formalmente a J.L.L. como autor del delito de lesiones graves en accidente de tránsito.
Asimismo, requirió un plazo de 30 días para concluir las tareas investigativas.
La defensa del imputado fue ejercida por la abogada María Rosa Gauna, quien solicitó la suspensión condicional del proceso. En carácter de reparación integral, su defendido ofreció una suma de dinero y la realización de tareas comunitarias.
La Fiscalía hizo lugar al pedido de suspensión, pero no al ofrecimiento económico, puesto que el monto propuesto no alcanzaba a cubrir todos los gastos que el accidente le ocasionó a la víctima. En efecto, solicitó un total de 220 mil pesos en favor de la damnificada.
La defensa manifestó que su representado no tenía trabajo estable y que, por lo tanto, no podía entregar ese monto en un solo pago. Por esa razón, propuso abonar la suma requerida en tres cuotas consecutivas a partir del mes de diciembre, propuesta que fue aceptada por la damnificada.
Contando con el acuerdo de ambas partes, el Juez Matías Farinazzo Tempestini resolvió tener por formulados los cargos en contra del imputado, concediéndole un plazo de 30 días a la fiscalía para culminar la investigación preparatoria.
A su vez, dispuso la suspensión del juicio a prueba por un año y cuatro meses, término en el cual, J.L.L. deberá realizar cuatro horas semanales de tareas comunitarias en un organismo público de Papagayos.
Además, deberá abonar a la damnificada la suma 220 mil pesos, a pagar en tres cuotas iguales y consecutivas a partir de diciembre.
Finalmente, ordenó que la causa sea remitida al Juzgado de Ejecución de la Tercera Circunscripción Judicial para controlar el cumplimiento de las medidas dispuestas.
Si el imputado cumple con lo acordado, la acción penal se extinguirá una vez vencido el plazo de suspensión del proceso, es decir, dentro de un año y cuatro meses. Caso contrario, se le revocará el beneficio y la fiscalía podrá requerir que la causa será elevada a juicio.
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