El presidente Javier Milei finalmente formalizó la designación del exministro de Justicia y exintegrante de la Corte Suprema, Rodolfo Barra. Como una ley le impedía por su edad ser procurador del Tesoro, el mandatario la modificó por decreto e invocó los derechos humanos de las personas mayores.
Como se sabe y enseña en primer año de la carrera de Derecho, nunca una ley puede ser modificada por decreto, pero en esta nueva etapa parece ser que a nadie llama la atención …
Así se desprende del decreto 23/2023 publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial. Más allá de las formas, en el fondo Milei hizo lo mismo que aquellos de “la casta” a quienes no se cansa de criticar: buscó un subterfugio legal para conseguir su propósito, con el silencio y complicidad de los mismos que criticaban al Kirchnerismo cuando con el argumento de la edad pretendían hacer renunciar al juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, de 97 años, porque visiblemente ya no se encontraba en buenas condiciones de salud.
Tanto la dirigencia política de Juntos por el Cambio como los principales medios (La Nación+, TN, Clarín, entre otros), nada dijeron sobre esta noticia tan llamativa como escandalosa.
La normativa modificó por decreto una ley para que el funcionario pueda estar a cargo de la Procuración, ya que se establecía un límite de edad para ocupar el cargo y Barra lo superaba. En la argumentación utilizada para hacerlo, el presidente invocó el artículo 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
“Designase en el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación al doctor en Ciencias Jurídicas Rodolfo Carlos Barra”, dice la publicación del Boletín Oficial, con la firma del presidente, del jefe de Gabinete Nicolás Posse y los ministros Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andres Caputo, Patricia Bullrich, Mario Russo, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo José Ferraro y Sandra Pettovello.
El decreto publicado modificó la Ley N° 18.777, que establece las funciones de la Procuración del Tesoro de la Nación. Anteriormente, esta ley fijaba un límite de 70 años para ocupar el cargo, mientras que Barra tiene actualmente 75.
Ahora, el presidente firmó un decreto que eliminó ese requisito de edad, sustituyendo el artículo 2° de la ley.
Así las cosas, desde ahora solo se requiere ser ciudadano argentino, abogado con título habilitante de una universidad argentina y tener al menos 8 años de antigüedad en la profesión para ocupar el cargo de procurador del Tesoro, que hasta hace una semana estaba a cargo de Carlos Zannini.
La modificación se fundamenta en el principio constitucional de igualdad ante la ley y de no discriminación por motivos de edad, así como en tratados internacionales sobre derechos humanos de las personas mayores. También se menciona como precedente un fallo de la Corte, que años atrás declaró la inconstitucionalidad de un límite de edad para ser Encargado de Registro de la Propiedad Automotor.
El decreto se dicta de urgencia y será evaluado por el Congreso, de acuerdo al procedimiento establecido para los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional y la Ley N° 26.122.
QUIÉN ES RODOLFO BARRA
Egresado en 1970 de la Universidad Católica Argentina, y especializado en derecho administrativo, Barra fue nombrado en 1989 viceministro de Obras y Servicios Públicos por el expresidente Carlos Menem y, meses después, como secretario del Interior.
En 1990 el Congreso Nacional aumentó los miembros de la Corte Suprema a nueve y, con acuerdo del Senado, Menem lo nombró ministro del Máximo Tribunal, cargo al que renunció en 1993. Al año siguiente fue uno de los convencionales constituyentes y después el exmandatario riojano lo eligió como Ministro de Justicia, cartera que abandonó tras una denuncia que lo señalaba como integrante en su juventud de una agrupación que simpatizaba con el nazismo.
Eso último le valió repudios en su momento y también cuando se conoció que integraría el gobierno de Milei.
Como futuro procurador del Tesoro, Barra estará encargado, entre otras cosas, de liderar la representación y defensa del Estado nacional en las causas que se inicien para cuestionar las decisiones impulsadas por el presidente y sus funcionarios. Está convencido de que aportará los conocimientos jurídicos, que serán la base de apoyo de las reformas que promete Milei atravesadas por el achique del Estado, como hizo con Menem.
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