Los concesionarios automotrices salieron a aclarar que los costos de registración y patentamiento sólo representan entre 1,5% y 2% del valor de un vehículo, y pidieron “no confundir a la gente con cifras exorbitantes que en realidad corresponden a impuestos que cobran las provincias o los municipios”.
Además, alertaron que la idea de que la compraventa de autos se realice entre particulares, sin intervención de los registros de propiedad, representaría “acabar con la seguridad jurídica”.
El presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alberto Príncipe, se reunió con el titular de la Federación Argentina de Cámaras del Comercio Automotor (FACCARA), Alejandro Lupo, para salir a aclarar versiones sobre el costo de la transferencia de automotores en el país, en el marco del mega DNU impulsado por el gobierno.
Ambas entidades representan en la Argentina a más de 3.000 empresas, y emitieron un comunicado en el que explicaron que “el costo de los aranceles registrales no superan en ningún caso, el 2% del valor del auto en todo el país”.
“En el 2022 los aranceles tuvieron un aumento del 40,6% y en 2023 un 55,7%. El aumento total en el período 2022-2023 fue del 96,38%, habiendo sido el IPC de ese período de casi del 300%”, explicaron.
Dijeron que “el resto de los conceptos que integran el costo de una transferencia corresponde a impuestos que son exclusiva responsabilidad, tanto de los gobiernos provinciales como municipales (impuestos de sellos, reclamo de infracciones de tránsito y de patentes). El costo termina siendo de una magnitud inusitada, producto no por la transferencia del vehículo en sí, sino por los agregados diversos que se fueron sumando en el tiempo”.
Príncipe consideró que existe una “confusión muy importante, porque están mal informados, inclusive en los proyectos de modificación de la ley”.
En diálogo con Noticias Argentinas, Príncipe explicó que “los formularios y costos de aranceles para terminar una transferencia o un patentamiento, no superan el 2% del valor del vehículo. El resto son impuestos diferentes. El más gravoso es el sellado, porque lo pone el gobierno. En la Ciudad de Buenos Aires es del 3 por ciento”.
Incluso, señaló que existen muchas verificaciones que las realiza el registro nacional “pero en realidad tendría que hacerla Rentas de cada gobierno”.
“Lo hace la Dirección Nacional sin tener ninguna contraprestación. Pensar en que se puedan transferir autos entre particulares sin ese contralor es una utopía, porque se terminaría con la seguridad jurídica”, afirmó Príncipe.
Explicó además que uno de los problemas es cómo efectuar en forma idónea el control prendario que es a nivel nacional: “Eliminar ese control indispensable para saber si un auto cumple con las leyes es indispensable para mantener la seguridad jurídica, sino sería tierra de nadie”.
No obstante, Príncipe dijo que el sector está “a favor de la digitalización del sistema, pero no de la eliminación de los registros de propiedad, como impulsan algunos proyectos”.
Por otro lado, explicó que “los registros de propiedad son entidades autónomas, que corren con los costos de sus empleados”, por lo que no le generan cargos extra alguno al Fisco.
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