Esta semana comenzó a circular un formulario de adhesión para dirigir un pronunciamiento a los legisladores nacionales de San Luis en la Cámara Baja, que cuestiona duramente el Decreto de Necesidad y Urgencia que envió el presidente Javier Milei al Congreso, como también la llamada Ley Ómnibus.
La Carta Abierta intenta convertirse en un mandato para los diputados nacionales Alberto Arancibia Rodríguez (PD), Karina Bachey (PRO), Carlos D’alessandro (LLA), Natalia Zabala Chacur (PJ) y Ernesto Nader Ali (PJ-pendiente de acreditación).
A continuación, algunos de los fundamentos de la misiva a la que se puede adherir:
“Entendemos que el DNU que deroga o modifica de un plumazo más de 300 leyes, incluyendo artículos de los Códigos Penal, y Civil y Comercial, es un abuso del Poder Ejecutivo y un avasallamiento sin precedentes al Poder Legislativo que ustedes integran. Si el DNU se aprobara, ¿qué garantiza que dentro de cuatro años otro gobierno, sea del signo político que sea, y por Decreto cambie un sinnúmero de leyes? La independencia de poderes sobre la que se asienta nuestra República pasaría a ser una entelequia…
El DNU presidencial al igual que la megaley están cuestionados por amplísimos sectores de la vida nacional y provincial: el sector productivo, pymes, trabajadores estatales, investigadores, artistas, músicos, realizadores audiovisuales, docentes, libreros, profesionales y técnicos de la salud; asociaciones civiles, asociaciones de consumidores y de inquilinos, jubilados, periodistas, universitarios, científicos, magistrados, colegios de profesionales, asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, infancias, adolescencias, mujeres y disidencias, comedores populares, bibliotecas populares, obras sociales, trabajadoras de casas particulares, y un largo etcétera. Es llamativo que, salvo funcionarios del propio gobierno, agentes de prensa afines al gobierno y sectores concentrados de la economía que claramente se ven favorecidos por los contenidos del DNU y por la Ley Ómnibus, nadie ha salido a defender estas propuestas.
Los efectos negativos de estas iniciativas del Ejecutivo son múltiples, diversos, severos y pretenden formatear un modelo de país en donde el mercado, el disciplinamiento y el individualismo pasan a ser los nuevos dioses ante los cuales hay que postrarse, abandonando las ideas de comunidad, justicia social y solidaridad, ideas de la que un pueblo como el argentino ha sido tributario y ejemplo en Latinoamérica y el mundo. Cabe recordar que estas banderas han sido plantadas por sectores sociales, luchas de largos siglos tras la independencia política y en busca de la ruptura de las cadenas que han atosigado al pueblo argentino durante los siglos XVIII, XIX y XX.
En nombre de la libertad se busca avasallar derechos individuales y se recortan derechos, se vende el patrimonio nacional pretendiendo privatizar empresas que son orgullo de un país como ARSAT, INVAP SA, YPF, YMAD, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, y que, además, no son deficitarias. Se cuestiona sostener ANSES, AYSA, Trenes Argentinos, Casa de la moneda, Polo tecnológico, Radio y TV Argentina, Télam entre otras cerca de 40 empresas del Estado que permiten garantizar el desarrollo, la autonomía y el acceso a derechos constitucionales, es decir, garantizar la construcción de independencia nacional e internacional.
Se busca destruir la ciencia nacional desguazando al CONICET, quitando jerarquía al Ministerio de Ciencia y Tecnología, diciendo que los científicos no producen. En este sentido, el desarrollo de nuestro futuro, nuestra ciencia, nuestra tecnología y nuestras capacidades estratégicas están en peligro. ¿No son YPF, ARSAT, INVAP y otras nombradas anteriormente empresas del Estado fruto del desarrollo de la ciencia argentina? El desarrollo del INTA y la repercusión de este organismo territorial y de conocimiento impacta de forma directa en las cosechas de productores pequeños, medianos y grandes. Las economías regionales se ven acrecentadas con el desarrollo de la ciencia aplicada.
Se pretende mercantilizar la educación, desfinanciando las Universidades Públicas (en nuestra provincia son tres), sujetando el aumento de su presupuesto a la matrícula, creando de esa manera carreras de primera y de segunda, haciendo imposible su funcionamiento para poder desarrollar las tareas de docencia, extensión e investigación. Cabe recordar que ha sido el acceso a la educación el mayor baluarte de movilidad social en nuestro país, aquello que ha garantizado que aún hoy jóvenes sean primera generación de terminalidad del secundario e ingresantes a las universidades.
Se criminaliza la protesta defenestrando derechos otorgados por la Constitución Nacional, atacando la libre expresión, el derecho de manifestarse y el acceso a la información, por fuera de una perspectiva de Derechos Humanos.
Ustedes, como legisladores que representan a una provincia con un poco más de 542.000 personas, no deben estar ajenos a los múltiples problemas que la aprobación del DNU y de la Ley Ómnibus, tal cual fue enviada por el Poder Ejecutivo, acarrearían al pueblo de San Luis.
No ignoramos que el Presidente Milei fue electo legítimamente con el 55% de los votos, pero de la misma manera no ignoramos que este pueblo también votó una composición del Congreso de la Nación que actúe como contralor y freno de aspiraciones que rayan lo autoritario, regresivo y nada federal.
Cuando estos días aciagos sean un triste recuerdo en la vida democrática de nuestro país, el pueblo de San Luis recordará vuestro comportamiento como Diputadas y Diputados de la Nación, y la Patria sabrá si demandárselo o no.
En el nombre de la gobernabilidad es falaz votar leyes que van en contra del pueblo: la gobernabilidad se logra con más república y más federalismo, y no entregando la suma del poder.
Con la esperanza de ser escuchados, y fieles al compromiso de dar testimonio en momentos difíciles, como decía Rodolfo Walsh, las y los saludamos respetuosamente”.
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