27 febrero, 2024

“NO SE DEBE LEGITIMAR EL AVASALLAMIENTO JURÍDICO Y EL TOTALITARISMO”

Así se titula el documento que hizo público la CGT local, al expresar su adhesión a la medida de protesta que se realizará contra el gobierno nacional y hacer llegar su posición a los legisladores nacionales de San Luis.

La Confederación General del Trabajo (CGT Regional Villa Mercedes) consideró que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), dictado el 20 de diciembre pasado por Javier Milei, y la llamada Ley Ómnibus para la “desregulación económica del país”, representan un “peligroso intento presidencial por arrogarse la suma del poder público”.

La entidad gremial emitió un durísimo pronunciamiento en la víspera del paro general de este miércoles, el cual hizo llegar a los legisladores nacionales que representan a la provincia de San Luis: los diputados nacionales: Natalia Zabala Chacur, Karina Bachey, Carlos D’alessandro, Alberto Arancibia Rodríguez, Ernesto Nader Ali (electo). Y a los senadores nacionales: Bartolo Abdala, Ivana Arrascaeta y Fernando Salino.

El comunicado lo firman los Secretarios Generales de la CGT local, Aníbal Gómez (ATSA), Carlos Garmendia (Luz y Fuerza), Víctor Gómez (UOM) y Jorge Lazarini (UDA) y agrega en forma textual:

Se persigue a través de un decreto de más de 80 páginas y 366 artículos, derogar unas 300 normas vigentes, incluyendo —de modo insólito— a más de 40 leyes. El decreto pretende ponerse por encima, por ejemplo, de la Constitución Nacional, el Código Penal y el Código Civil de la Nación, modificar la Ley de Contrato de Trabajo, anular la Ley de Alquileres, la Ley de Movilidad Jubilatoria, la Ley de Pesca, la Ley de Tierras, la Ley de Hidrocarburos y cambiar las regulaciones de la sanidad privada, del sector aerocomercial, de las empresas del Estado y de los medios de comunicación, entre tantos otros rubros.

Además, muchos capítulos del DNU tratan sobre cuestiones locales, lo que lleva a la violación del régimen establecido en artículo 1° de nuestra Constitución. Esto es, el federalismo.

No caben dudas que las cuestionadas regulaciones que se quieren pulverizar, son precisamente aquellas que protegen a los más débiles de la sociedad. Por el contrario, la liberación de la economía favorece únicamente a los empresarios, en detrimento del pueblo.

En este sentido, la “modernización” del régimen de trabajo incluye reformas que claramente facilitan el despido. Por ejemplo, se reduce la base de las indemnizaciones y amplía el período de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses. Además, permite el despido si el empleado protesta, cercenando el derecho legítimo de huelga y recortando derechos laborales.

Por otro lado, se pretende restablecer el piso del Impuesto a las Ganancias, cuando ya nadie discute que el salario es una retribución al esfuerzo del trabajador, no una renta extraordinaria.

Con el pretexto de achicar el Estado, se impulsa la privatización de organismos y empresas que no son deficitarias o que tienen directa relación con el desarrollo nacional y la soberanía (Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas, etc.) o con la ciencia y la investigación (Conicet, Arsat, INTA, etc.). Al mismo tiempo, se desfinancia a las universidades y se plantea una pseudo privatización de la educación.

El presidente Milei argumenta que estamos al borde del abismo y que lo avala la legitimidad popular. Sobre esto último, vale decir que eso de ningún modo habilita otorgarle un cheque en blanco para atropellar las instituciones y las leyes. Porque el resultado será, precisamente, poner en duda la propia seguridad jurídica que dice querer proteger para atraer inversiones.

Sobre lo segundo, la única urgencia real es atender las consecuencias del brutal ajuste provocado por la devaluación dispuesta por el mismo gobierno, que empobreció los ingresos de los trabajadores. Devaluación que fue la tercera más grande de la historia argentina.

Según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la suba del 118% del dólar mayorista (de $366 a $800, el 13/12) significó casi el doble de la devaluación de Eduardo Duhalde en 2002. Por encima solo quedaron las de la hiperinflación, ambas en el ’89.

Otra medida brutal fue autorizar en diciembre el aumento del 27% en los combustibles, entre otros, que impactó sobre los precios. No casualmente tuvimos un 25,5% de inflación, la más alta de las últimas décadas, que para el presidente, sin embargo, fue un “éxito tremendo”.

La CGT Regional Villa Mercedes reclama a los legisladores nacionales que representan a nuestra provincia, la DEFENSA IRRESTRICTA A LOS DERECHOS INALTERABLES DE LA SOCIEDAD, PONER UN FRENO A LOS DESBORDES TOTALITARIOS DEL EJECUTIVO NACIONAL Y ACTUAR CON VALENTÍA Y VERDADERO SENTIDO PATRIÓTICO.

About Author