PARA CASTIGAR A LAS PROVINCIAS, MILEI PERJUDICARÁ A TODO EL SECTOR PÚBLICO CON UNA MEDIDA

El Gobierno de Javier Milei resolvió eliminar una excepción financiera del macrismo para presionar a las provincias, que terminará impactando en todo el sector público, incluidas las universidades. La medida impactará fuertemente en San Luis.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que el Banco Central no prorrogará una medida de 2019 que permite a los gobiernos provinciales financiarse más de lo permitido con los bancos

El Gobierno utiliza la creatividad para sumar todas las herramientas disponibles para presionar a las provincias en pos de conseguir mayor apoyo legislativo. Incluso puso sobre la mesa una vieja norma financiera nacida durante los últimos meses de gestión de Mauricio Macri, que permite a los gobiernos provinciales endeudarse más de la cuenta con los bancos para cubrir obligaciones de corto plazo, como el pago de salarios.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en una de sus tradicionales conferencias de prensas que “el Banco Central (BCRA) informó que ha quedado fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales”. Y agregó que es una “mecánica que utilizaban muchas veces [los gobiernos provinciales] para hacer frente a necesidades financieras urgentes”.

Adorni se refería a una resolución del Banco Central nacida el 28 de octubre de 2019, y que fue prorrogada nueve veces en los últimos años en las reuniones de directorio de la entidad. La última comunicación A7674, publicada el viernes pasado, informaba que la normativa se prorrogaba hasta el próximo miércoles 31. Luego de esa fecha, se volvía a los “límites crediticios señalados precedentemente”.

Por regulación del BCRA, los bancos tienen un cupo permitido de financiamiento al sector público. Durante los últimos meses de gobierno de Macri, cuando el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, era secretario de Finanzas, la entidad publicó la comunicación A6816 que habilitó que quede excluido del cómputo las “asistencias financieras con destino al pago de haberes del personal”.

La normativa le permitió a las provincias contar con liquidez extra de parte de los bancos provinciales para hacer frente al pago de salarios de empleados públicos.

La decisión del Gobierno de no prorrogar la exención sucede justo cuando los gobernadores le manifestaron al Poder Ejecutivo la necesidad de restituir la totalidad del impuesto a las Ganancias porque se les dificulta cubrir sus gastos y pagar los sueldos. De hecho, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recurrió a la emisión de cuasimonedas para financiar el 30% de los salarios públicos.

Para el Estado nacional, por su parte, la normativa del BCRA tiene un impacto neutro: no se beneficia ni se perjudica en materia fiscal o financiera. Por eso llama la atención que haya sido comunicada en medio de las negociaciones por los votos para aprobar la ley ómnibus, lo cual permite interpretarla como un “castigo” hacia los gobiernos provinciales cuyos diputados no acompañaron el DNU y la totalidad de la Ley Ómnibus.

El Banco Central todavía está a tiempo de dar marcha atrás y volver a prorrogar la medida en la próxima reunión de directorio del jueves. De no hacerlo, varias provincias tendrán mayores dificultades para hacer frente a los haberes del personal público, como Santa Fe, que utiliza el total del nuevo cupo permitido de financiamiento con los bancos.

El anuncio del fin de la exención es una medida más de presión del presidente Javier Milei con los gobernadores, luego de advertir en la última reunión de gabinete que, si la ley ómnibus no se aprueba, se ajustarán las transferencias a las provincias para cuidar el frente fiscal.

La comunicación A7674 publicada el viernes pasado dice: “Dentro del período comprendido entre el 28.10.19 y el 31.1.24 inclusive, se considerará -adicionalmente- como concepto excluido a los fines del cómputo de los límites básicos individuales y globales establecidos en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio -puntos 6.1.1. y 6.1.2, respectivamente- a las asistencias financieras con destino al pago de haberes del personal que cumplan los requisitos previstos en el punto 3.2.5., por hasta el importe equivalente al límite básico individual previsto en el punto 6.1.1.1. por el que puede financiarse a la jurisdicción de que se trate. Los adelantos que se encuentren vigentes al 1.2.24 pasarán a estar sujetos a los límites crediticios señalados precedentemente”.

IMPACTO

La decisión impactará fuertemente no sólo en las provincias sino en el sector público en general y, por ende, en la propia actividad económica.

La medida permitía a las provincias que a través de sus agentes financieros abonaran el último día hábil a sus trabajadores, dado que la Nación les gira los fondos siempre entre los días 4 y 6 del mes siguiente. De tal modo los bancos le “adelantan” los fondos a las provincias sin cobrarles ningún interés, porque a los pocos días cuando ingresan los recursos aquellos lo compensan descontando el adelanto.

A partir del 31 ese beneficio dejará de existir, por lo que las provincias deberán esperar que efectivamente ingresen las transferencias nacionales para poder pagar a sus empleados. Y, a su vez, los gobiernos también girarán tardíamente los fondos por coparticipación a los municipios.

Si bien en principio esta disposición sólo afecta a los bancos públicos, como el Nación, seguramente los privados seguirán igual tesitura, para no sufrir a su vez alguna reprimenda de la autoridad central si ignoran este criterio de ajuste.

Lo que no se está evaluando, tal vez, en su exacta dimensión, es que con esta eliminación no sólo se afecta a los gobiernos, sino a todo el sector público en general. Esto incluye a los organismos públicos –AFIP, PAMI, INTA, INTI, dependencias militares, Radio nacional, etc.- e incluso a las universidades nacionales, que utilizan el mismo anticipo financiero para pagar a su personal.

De quedar firme esta resolución del Central publicada en el Boletín Oficial, los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales empezarán a cobrar aproximadamente entre los días 5 y 6 de cada mes, con lo cual sufrirán un nuevo deterioro en sus ingresos. Pero, en provincias pequeñas como San Luis, que ostenta una alta dependencia del empleo público, la medida tendrá un efecto más negativo aún, porque repercutirá en el comercio y la actividad económica en general.

 

 

 

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