CAUSA CUADERNOS: EMPRESARIO DE SAN LUIS PROBÓ QUE MINTIÓ BAJO “COERCIÓN”

Se trata del empresario Mario Rovella, quien pidió la nulidad de su declaración como ‘arrepentido’ en la causa Cuadernos y presentó un documento para probar que su confesión fue bajo “coerción”. Duras críticas al fallecido juez Claudio Bonadio.

La causa ‘Cuadernos’, que investiga presuntas coimas que empresarios pagaban al gobierno de Cristina Kirchner por la obra pública, suma irregularidades. Luego de que dos pericias confirmaran tachaduras y adulteraciones en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, ahora el empresario puntano se presentó y asegura que mintió en su declaración como ‘arrepentido’ para conservar su libertad.

Se trata del empresario Mario Rovella, quien pidió ante el Tribunal Oral Federal 7 -que debe realizar el juicio oral- la nulidad de su declaración indagatoria, que en su momento hizo ante el juez Claudio Bonadio, y aportó un documento redactado en una escribanía en el que consignaba que debía mentir para conservar su libertad.

El empresario Mario Rovella.

Rovella dejó constancia, un día antes de ir a declarar ante el fallecido juez Bonadio, que iba a mentir en su testimonio. El documento, de vital importancia judicial, permaneció durante todo este tiempo en un sobre cerrado y lacrado, con la firma de él y del escribano Diego Ignacio Achával. Allí se afirma que el magistrado actuó en franca violación a derechos constitucionales elementales.

El empresario aportó un documento público que prueba que su confesión como “arrepentido” fue obtenida bajo “coerción”.

En el documento afirma que el juez Claudio Bonadio, “en franca violación a elementales derechos constitucionales, entre ellos, el de no ser compelido a declarar contra uno mismo, procedió a privar ilegalmente de la libertad a distintas personas por el sólo hecho de que no reconocieron y confesaron los presuntos delitos que se les atribuye, remitiéndolos detenidos a distintas unidades penitenciarias; en cambio, quienes sí reconocen los delitos y validan los dichos de una persona que se adhirió al régimen de la delación premiada, me refiero al Sr. Ernesto Clarens, mantienen su libertad ambulatoria”.

La información fue confirmada por el abogado José Manuel Ubeira, que representa al acusado Oscar Thomas, quien en declaraciones a Radio 10 habló de “todas las barbaridades” que se van conociendo.

El letrado anticipó que “habrá muchas declaraciones” en ese sentido y que demostrarán “cómo se utilizó a la justicia como elemento extorsivo”. “Sucedió de todo, aprietes, privaciones ilegítimas de la libertad calificadas”, remarcó Ubeira.

QUÉ DICE EL DOCUMENTO DE ROVELLA

“Ante esa situación, que estimo abiertamente ilegal, y dado que no admito ser privado ilegalmente de mi libertad, me encuentro en el estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad, ciertos hechos al sólo efecto de evitar ir a prisión injustamente. Esos hechos que me veo obligado a admitir no resultan ser verdaderos”, asegura Mario Rovella en el documento escrito el 28 de febrero de 2019, un día antes de declarar ante Claudio Bonadio.

El juez Claudio Bonadío, sindicado como ejecutor de la maniobra.

Los abogados de Rovella señalaron en la presentación ante el Tribunal: “Nuestro representado se vio forzado a reconocer haber efectuado las entregas de dinero que figuraban en un listado confeccionado ad hoc por el co-imputado Ernesto Clarens”. “Tal ‘confesión’ fue obtenida bajo la intimidación -expresada en concretos actos procesales irregulares (arbitrarios) previos llevados a cabo por el juez instructor (inquisidor)-, que consistía en que los imputados que no admitían y validaban las anotaciones perdían su libertad ambulatoria ”.

“Para dejar constancia de que su voluntad se encontraba viciada, asentó en un instrumento público la situación ilegítima a la que se hallaba sometido”.

“Rovella concurrió ante el escribano Diego Ignacio de Achával, a quien le requirió que conservara en su poder un documento que daba cuenta de cuál era su verdadera voluntad y el motivo –el temor cierto de que iría preso- por el que se veía compelido a ‘confesar’ hechos que lo incriminaban (y que no eran ciertos)”, expresó la defensa.

ANOTACIONES ADULTERADAS Y DUDAS

En diciembre pasado, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó sin prisión preventiva a Jorge Bacigalupo, el amigo del ex remisero Oscar Centeno. Lo acusó de realizar enmiendas en algunos de los “cuadernos de las coimas”, que registran el supuesto pago de sobornos que hacían empresarios a funcionarios del kirchnerismo, en párrafos referidos a Armando Loson y Gerardo Ferreyra.

El procesamiento se dispuso por los delitos de presunto “encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal en concurso ideal con el delito de falsificación de documento público”. Según dos pericias realizadas en la causa, Bacigalupo habría sido el autor de tachaduras, enmiendas y sobreescrituras a las anotaciones de Centeno en al menos dos cuadernos, en la causa en la que está procesada Cristina Kirchner, entre otros imputados.

Bacigalupo había quedado muy comprometido en esta causa luego de que dos peritajes oficiales, uno caligráfico realizado por la división de Scopometría de la Policía Federal y otro lingüístico hecho por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA -que se realizaron sobre 3 de los 8 anotadores-, determinaran que los cuadernos adjudicados a Centeno fueron adulterados, escritos por más de una persona y con fragmentos que fueron dictados o copiados.

De acuerdo al expediente, Bacigalupo era amigo de Centeno y tuvo los anotadores en custodia. En ese lapso en que guardó los cuadernos, el ex policía se los entregó al periodista de La Nación Diego Cabot, quien tras escanearlos se los devolvió. Luego llevó las copias digitalizadas al fiscal Carlos Stornelli.

MÁS DE 100 ACUSADOS EN TOTAL

En la causa hay 47 acusados, entre empresarios y ex funcionarios. Uno de ellos, Fabián Gutiérrez, ex secretario de CFK que declaró como arrepentido sobre la entrega de sobornos, fue asesinado en El Calafate en 2020 tras un aparente intento de extorsión.

Entre los imputados hay ” arrepentidos”. Pero si se tiene en cuenta las causas conexas que derivaron de la denuncia, los acusados superan el centenar. Cristina Fernández de Kirchner fue procesada -por el ahora fallecido juez Bonadio- como “jefa de una asociación ilícita” que recaudaba sobornos de empresarios para los gobiernos kirchneristas.

El expediente central -que cuenta con seis casos conexos- sostiene que se dio por corroborada la existencia de una “asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

Pero tras la comprobación de la adulteración de los cuadernos, y ahora con este documento del empresario Rovella, hay dudas acerca de si la causa principal podría tambalear. La defensa de Cristina Kirchner presentó en agosto pasado un pedido de nulidad de la causa ante la Corte Suprema de Justicia, sumando los peritajes que detectaron irregularidades en los anotadores del remisero.

 

 

 

 

 

 

 

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