CONFLICTO CON LAS UNIVERSIDADES: LOS RECTORES ADVIERTEN QUE EL DINERO ALCANZA SÓLO HASTA MAYO

El Gobierno Nacional decidió que el presupuesto del 2024 sea el mismo que el del año anterior. Convocatoria a un paro y la provocación de Manuel Adorni: “La creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política”

El problema que atraviesan las universidades es fácil de comprender: con una inflación que supera el 250% interanual, en el 2024 tendrán el mismo presupuesto que tuvieron en el 2023. Desde hace semanas, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reciben a los rectores de todo el país, los escuchan y después repiten: “No hay plata”. Y aunque en algún encuentro deslizaron que existe la intención de aumentar en un 65% las partidas de los gastos de funcionamiento, la información no fue confirmada de manera oficial.

Mientras tanto, las consecuencias se comienzan a observar: hay instituciones que ya dictaron la emergencia económica, que restringieron la cantidad de alumnos por materias, que cerraron oficinas que eran alquiladas, que suspendieron la compra de insumos o el service de equipamientos, o que echaron mano a sus propios ahorros. Los más alarmistas dicen que, si la situación no cambia, no se podrán garantizar las clases más allá de abril o mayo.

La tensión escala. Hace dos semanas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que nuclea a los rectores y rectoras de todo el país- publicó un comunicado en el que advertía la gravedad de la situación. Desde entonces, las autoridades de cada universidad, las organizaciones gremiales docentes y no docentes y los estudiantes estuvieron realizando acciones en todas las provincias para exigir una actualización de los montos. En las últimas horas, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales llamó a un paro de 24 horas para el próximo 14 de marzo.

Cuando asumió el gobierno de Javier Milei, desde el CIN reclamaron una actualización del 300% del presupuesto del 2023, que había sido de $752 mil millones. En total, los rectores habían planteado que iban a necesitar $2,5 billones. Pero eso no sucedió.

El ajuste del gasto público que propone el libertario, en este caso, se combina con una visión negativa por parte del gobierno hacia las universidades. Y, aunque en privado las reuniones son cordiales, en público el Gobierno las eligió como un nuevo enemigo.

RECTORES EN ALERTA

En Argentina existen 55 universidades nacionales públicas. El presupuesto que otorga el Estado Nacional es para cubrir los salarios y los gastos de funcionamiento no solo para el normal funcionamiento de las clases. En diálogo con PERFIL, Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata, explicó que el universo de afectación es mucho más amplio: “En nuestro caso son las 17 facultades, los cinco colegios, los comedores, el albergue y todo lo vinculado al bienestar, las becas y las obras de infraestructura. Todo entra en esta preocupación general que tenemos”, dijo.

Por su parte, el decano de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Durán, se detuvo en los tres puntos más conflictivos: el congelamiento de los gastos de funcionamiento; que la paritaria para docentes y no docentes haya sido “solo” del 16%; y la “asfixia” al sistema de ciencia y tecnología.

“Lo que pasa con ciencia y tecnología afecta de manera directa a las universidades. Buena parte de los becarios y de los investigadores trabajan en las distintas facultades, especialmente en Exactas. Y ahí tenés otro problema: se habían anunciado 1300 becas Conicet en el 2023 y al final  solo se otorgarán 600. ¿Qué implica eso? Que muchos se van a ir del país o al sector privado”, dijo Durán a PERFIL y agregó: “A eso se le suma que la paritaria está lejos del 70 u 80% de inflación y la pérdida del valor real de los salarios de docentes y no docentes va a ser brutal”.

Durán puso un ejemplo de cómo está trabajando el Gobierno con un ejemplo particular. El edificio donde funciona Ciencias Exactas, el Cero + infinito, se gestó durante la presidencia de Cristina Fernández, se construyó en la gestión de Mauricio Macri y se inauguró en tiempos de Alberto Fernández. Durante el macrismo se acordó que, a cambio de que la UBA ceda un piso, el Estado Nacional se haría cargo de su mantenimiento durante 10 años.

Desde que asumió el gobierno de Milei, las empresas de mantenimiento, limpieza y seguridad dejaron de cobrar. Se trata de SES, Clarity, Cruz de Malta y Maxsegur. El jueves 29 de enero uno de los contratos se venció “y no hay ninguna garantía de renovación”, contó Durán. ¿La consecuencia? Se abre la puerta para que tanto las compañías como la misma UBA puedan iniciar acciones legales contra el Estado nacional por incumplimiento del acuerdo firmado por Lino Barañao.

Enrique Mammarella, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, aseguró que el ajuste ya impactó. “Ya no podemos hacer las actividades de manera regular. En esta época del año arrancamos con el mantenimiento preventivo, el service y la calibración de los equipos, las compras de los reactivos y algunos productos al exterior para la investigación. Mucho de eso hoy está suspendido o prorrogado”, contó a PERFIL.

Según Mammarella, “si esto no tiene una solución los problemas se van a complejizar” y explicó: “En nuestra universidad, que está por cumplir 105 años, hay edificios que son patrimonio histórico nacional y que nos obligan a hacer tareas de mantenimiento constante”. En el caso de la Universidad Nacional del Litoral, las autoridades decidieron utilizar recursos propios que provienen de patentes y sesiones de conocimiento con el sector productivo que producen convenios, contratos o regalías.

El presupuesto que envía Nación a las universidades siempre contempló que el 90% sea destinado a salarios y el resto a gastos de funcionamiento. Todos los rectores coincidieron en que esta no es una situación nueva: en el 2019 y en el 2021 el Congreso tampoco había logrado aprobar un presupuesto y se prorrogó el anterior. Sin embargo, la emergencia económica y la inflación en esta oportunidad ponen en riesgo la actividad.

LA MOTOSIERRA YA PASÓ POR LAS UNIVERSIDADES

En algunas universidades la situación es drástica. La Universidad Nacional de Comechingones anunció que debían abandonar oficinas administrativas que se alquilaban debido a la falta de dinero. La gran duda en el corto plazo es cómo costearán servicios básicos. “Pagamos el año pasado $800 mil de luz. Ahora no sabemos cuánto tendremos que pagar”, contó a la prensa local Agustina Rodríguez Saá, rectora de la institución.

En el sitio de la Universidad Nacional de Quilmes se informó que “por el congelamiento presupuestario que sufren las universidades públicas, habrá nuevos topes para la inscripción a materias”. Las autoridades, además, explicaron que no podrán “costear cursos adicionales y contratos de docentes extra”. Una decisión similar anunció la Universidad Nacional de Hurlingham: “Estamos utilizando todos los canales de reclamo posibles y disponibles ante las autoridades del gobierno nacional para que revean esta decisión y cumplan con el presupuesto universitario para 2024 que fue acordado con todas y todos los rectores del país”, explicaron sus autoridades.

Marcelo Alba, el rector de la Universidad Nacional del Centro, contó que según sus proyecciones el presupuesto alcanza “para pagar salarios hasta mitad de año”.

La Universidad Nacional del Comahue necesitó ya necesitó de un auxilio. Desde la municipalidad de Neuquén se aportó a la casa de altos estudios $50 millones para el funcionamiento del comedor universitario. “Estamos equilibrando con un remanente, pero si no se equilibra rápidamente, en abril o mayo estaríamos gastando lo poco que nos queda”, expresó la rectora, Beatriz Gentile.La Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional del Oeste anunció que cambió de sede para evitar alquilar. Desde el 22 de febrero mudó sus instalaciones de la localidad de Merlo a la de San Antonio de Padua.

Además, una buena cantidad de universidades a lo largo de todo el país ya declararon la emergencia económica. El asunto ya llegó al Congreso. Marcela Coli, diputada de la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto para que se aumenten las para que se actualice el presupuesto destinado a las universidades: “La preocupación es enorme y diaria, de las universidades y de todo el sistema educativo. Pero evidentemente el Gobierno nacional no comparte esta preocupación”, reflexionó en una conversación con PERFIL.

AJUSTE IDEOLÓGICO

En campaña Milei insistió con el sistema de vouchers educativos y ahora, ya como presidente, le acaba de dar like a un tuit que proponía arancelar todas las carreras que no sean de “ciencias duras”. Y el funcionario a cargo del diálogo con los rectores, Álvarez, los responsabiliza del “deterioro” educativo y dice que, desde el 2018, en los claustros universitarios se vive un clima de “sovietización”.

En su cuenta de X, Álvarez tiene como tuit fijado un artículo que escribió para el libro “El resurgir de la Argentina”, de Pedro Luis Barcia. En el texto, el funcionario hace una crítica brutal al funcionamiento del sistema universitario y se detiene en el origen de sus rectores, a quienes vincula con las “corporaciones” políticas. En línea con la posición de La Libertad Avanza, cuestiona la creación de “universidades nuevas”.

En febrero, de hecho, el gobierno nacional decidió suspender la apertura de cinco universidades que había creado el Congreso por ley durante la gestión anterior: la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Nacional de Pilar, de Río Tercero, de Ezeiza y Del Delta.

El último en expresarse en público fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. En su última conferencia en Casa Rosada aseguró: “La creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política”. Por más que los rectores sostienen las reuniones y el diálogo cordial, al menos en público el gobierno de La Libertad Avanza no muestra señales de acercamiento. Todo lo contrario.

 

 

 

 

 

 

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