17 abril, 2024

FREIXES Y SU FAMILIA FUERON DENUNCIADOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA

El exministro de la Legalidad (ya condenado en otra causa) está acusado de manejar a su antojo el dinero que la Provincia le giraba a la Municipalidad del Pueblo Ranquel. Habría armado una sociedad que puso a nombre de su esposa y sus hijos, además de adueñarse de las cuentas de la comunidad originaria y explotar en su beneficio las actividades ganaderas del predio de 66 mil hectáreas.

El Gobierno de San Luis, a través de la Fiscalía de Estado, denunció penalmente a Sergio Freixes, Viviana Moreyra, Miguel García Montani, Sofía Aguilera, Marcos Ferreyra, Francis Freixes, Diego Lucero (actual intendente de Fortuna), Marcelo Balbo y Diamela Freixes por haber supuestamente integrado una asociación ilícita que desarrolló sus actividades entre el 21 de abril de 2020 y el 27 de diciembre del año pasado.

Según el escrito presentado en la Justicia, organizaron un esquema de maniobras defraudatorias con los fondos de la Municipalidad del Pueblo Ranquel, con el fin de enriquecerse personalmente aprovechando su posición como funcionarios en perjuicio de la Administración pública.

Los sindicados como jefes de esa asociación ilícita son Sergio Freixes y Moreyra, que es su esposa, quienes “detentaron por un lado un poder especial para operaciones administrativas y bancarias, otorgado por el entonces ministro de Producción, Juan Lavandeira; y por el otro el manejo de la sociedad El Relincho SRL, que utilizaron para la defraudación a la Administración pública”, reza el escrito.

La investigación encontró que el dinero que disponían era el depositado en dos cuentas corrientes del banco Supervielle, que eran del Pueblo Ranquel. En una el Estado provincial depositaba fondos de la coparticipación y en la otra, la productiva, se administraban los fondos producto de la explotación agropecuaria y ganadera de las más de 66 mil hectáreas de campo.

La denuncia discrimina los ingresos en esas cuentas a través de tres vías: dinero del Gobierno provincial, de los arrendamientos y supuestos contratos por pastaje de hacienda vacuna y venta de hacienda. El cálculo los estima, teniendo en cuenta información oficial del Gobierno de la provincia de San Luis, de Organismos Nacionales como AFIP y Senasa, de movimientos bancarios en cuentas propias de la comunidad en Banco Supervielle y por documentación aportada en Fiscalía por parte de la ex administración a cargo de Freixes en la suma de $ 669.696.011,61 a valores históricos.

Pero hay varias irregularidades en los tres ítems. En lo que hace a ingresos provinciales (Coparticipación, Ingresos Fondo Federal Solidario, Ingresos por tratado de La Toma e Ingresos por Aportes del Tesoro Provincial –ATP-), se percibe un notorio aumento en los giros de dinero en 2023; y además la Municipalidad recibió tres aportes del tesoro provincial por $2 millones (20 de octubre de 2023), $5 millones (17 de noviembre) y $50 millones (7 de diciembre, tres días antes del cambio de gobierno).

En cuanto al ingreso por arrendamiento, lo que supone que se dejaba ingresar ganado de otras empresas para pastaje, sólo dos firmas pagaban: Alfredo Mondino y Ganadera Nahuel Mapa, aunque el último ingreso de dinero de parte de la consignataria Mondino fue en enero 2023. Después se han devengado arrendamientos que no fueron pagados que al día de hoy sumarían $120.812.007,94.

La denuncia también aclara que la firma El Relincho SRL, del propio Freixes, desde el 6 de diciembre de 2020 y hasta la fecha tiene hacienda en el Establecimiento San José, pero no se encuentran facturas emitidas por parte de la Municipalidad y tampoco depósitos en cuentas bancarias provenientes de tal sociedad comercial. En la misma situación están tres hombres de apellido Bassi: Carlos Federico, Carlos Fernando y Carlos Daniel.

Finalmente, en materia de ingresos por venta de hacienda, hay facturas emitidas por $343.620.812,34; sin embargo, no pueden comprobarse ingresos en cuenta por montos equivalentes. La denuncia hace notar irregularidades que surgen del análisis de los movimientos declarados en Senasa, como ventas de animales sin factura y ventas facturadas sin la salida de stock.

Además, “se desprende del análisis de las cuentas en su conjunto, que quedan sin documentar salidas de dinero por la increíble suma de $89.248.472,95”, asegura Fiscalía de Estado.

MÁS DE TRES AÑOS DE “NEGOCIADOS”

Fijan la fecha de creación de la asociación ilícita el 21 de abril de 2020, porque fue el día que el entonces ministro de Producción, Juan Lavandeira, le otorgó un poder especial para operaciones administrativas y bancarias a Sergio Freixes para que, en su nombre y representación, intervenga en los asuntos agropecuarios del Pueblo Ranquel, que se manejaba a través del Establecimiento San José. Una escritura pública avalada por el escribano Mario Noé Esteves (III) expresa que en toda operación debe estar “necesariamente” la firma de Freixes, que puede ser acompañada “indistintamente” por la de García Montani o la de Víctor Baigorria, el lonko de la comunidad. Lavandeira, según consta en el escrito, no tenía facultades para otorgar ese poder, que además iba en contra de las leyes provinciales.

Con todo el poder a disposición, Freixes y sus supuestos socios realizaron gastos difíciles de justificar. Hay erogaciones en materia de construcción y compra de materiales para obras de electricidad en esos tres años por un monto aproximado a los $12 millones. Más del 90%, o sea más de $11 millones, se realizaron durante el año pasado.

Sin embargo, se constató que en la comunidad no hubo arreglos en el hospital, en la escuela, ni en la administración. Los puestos rurales son cinco, sin contar los alquilados. De los cuales dos están derrumbados y otros dos inutilizables. Tampoco se pueden visualizar mejoras en las casas en las que habitan los habitantes originarios y no se encuentran materiales acopiados que pudieran justificar las erogaciones del último año.

También en materia de vehículos y repuestos hay maniobras defraudatorias. “Las erogaciones relacionadas al mantenimiento del supuesto parque automotor son exageradamente cuantiosas”, dice el texto, que se basa en “el análisis de la documentación aportada por uno de los jefes de la asociación ilícita” para estimar gastos por unos $40 millones, de los cuales el 75 % fueron realizados en 2023. Y sin embargo, cuando comenzó el proceso de normalización el 27 de diciembre del año pasado, uno de las principales problemas fue que no había ningún vehículo en condiciones para recorrer las más de 66 mil hectáreas.

Integrantes de la presunta asociación ilícita:

Sergio Freixes es el principal apuntado en su calidad de jefe y organizador. “Sin tener ninguna pertenencia al pueblo Ranquel, y fuera del marco normativo, administró a su antojo los fondos de la Municipalidad”, dice la denuncia, que lo acusa de realizar contrataciones sin rendir cuentas, transferirse dinero del Pueblo Ranquel a su cuenta personal y hacer negocios valiéndose de una sociedad (El Relincho) creada por sus hijos y luego cedida a su esposa.

También se lo acusa de defraudación en grado de tentativa por querer retirar los $50 millones que había destinado a la cuenta del Pueblo Ranquel un día antes del cambio de gobierno y pasarlo a la cuenta de la Asociación Civil Festival del Caldén, que él mismo manejaba. La maniobra fracasó porque se negó a firmar el cotitular.

La esposa de Freixes, Viviana Moreyra, también está acusada de encabezar la asociación ilícita por su participación en la sociedad El Relincho SRL, que no tiene habilitadas actividades que supuestamente contrató con la Municipalidad del Pueblo Ranquel, como las de “venta de cosas muebles” y prestación de servicios. El Relincho SRL, como prestador de lujo de la Municipalidad, facturó $28.490.925,68; que con algunas duplicaciones de pagos llega a la suma de $33.868.075,68.

Sofía Aguilera también está sindicada dentro de la denuncia. “(…) se supone era la secretaria en la Administración de la Municipalidad del Pueblo Ranquel (no existe documentación que avale tal designación), y percibió cuantiosos ingresos por tareas administrativas, como así también por viáticos”, asegura el escrito, que agrega que habría recibido por sus tareas $9.184.211,36; que a valores de hoy serían unos 60 mil dólares o casi $50 millones.

Arturo García Montani, por otra parte, realizó tareas administrativas, impositivas, contables y de limpieza de estancia, y según los contratos provistos por la Administración, percibió $4.981.754,17; que actualizados serían más de $24 millones.

“La percepción de los fondos acredita su pertenencia a la asociación ilícita, su calidad de contador y co-autorizado a operar las cuentas bancarias mencionadas con las irregularidades puesta de manifiesto como sobreprecios y doble imputación de gastos hacen que su aporte haya sido necesario para que la defraudación haya existido en la duración de tiempo y la extensión que evidencia la presente denuncia”, asegura el escrito.

También incluye a Diego Lucero, el actual intendente de Fortuna y socio de El Relincho SRL. Si bien no hay facturas ni contratos de servicios a su favor como persona física, sí se registran depósitos a su cuenta personal por $1.321.407,68; que actualizado a hoy sumarían más de $9,5 millones.

Marcelo Balbo, eyectado por la administración actual a pocas horas de asumir un cargo en la plana mayor de la Policía provincial, percibió dinero en su cuenta personal por diversas tareas: Servicios de fletes, de logística, de administración y hasta por la compra de inyectores.

En la misma situación se encuentran los hijos de Sergio Freixes, Francis (que era funcionario al mismo tiempo que se producían estas maniobras) y Diamela, quien recibió arreglos en su auto particular en una concesionaria de San Luis que se pagaron con dinero del Pueblo Ranquel. También Marco Ferreyra, quien recibió dinero en su cuenta particular sin que se pueda justificar con una contraprestación.

 

 

 

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