La historia de la universidad pública argentina es un testimonio vivo de la lucha por el acceso igualitario al conocimiento y la formación académica. Desde sus raíces, las universidades públicas han sido baluartes de la democracia y la inclusión social, abriendo sus puertas a millones de jóvenes ávidos de aprender y crecer intelectualmente.
La Ley de Educación Superior, en concordancia con la Ley 26.206, establece claramente la responsabilidad primordial e indelegable del Estado en garantizar la educación superior como un bien público y un derecho humano. Esto implica no solo proveer financiamiento, supervisión y fiscalización de las universidades, sino también asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, graduación y egreso de los estudiantes, así como promover políticas de inclusión educativa que reconozcan las diversas identidades y necesidades de género, culturales y socioeconómicas.
La Universidad pública argentina, es un orgullo nacional y un referente mundial. Desfinanciarla sería desfinanciar el futuro del país y perpetuar las desigualdades socioeconómicas. La gratuidad universitaria intenta mitigar las barreras económicas que enfrentan muchos jóvenes, provenientes de familias trabajadoras, para acceder a la educación superior.
La defensa de las universidades públicas no solo se fundamenta en su contribución al desarrollo económico y al capital humano del país, sino también en su papel crucial en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Estas instituciones no solo forman profesionales competentes, sino que también fomentan la participación ciudadana, el pensamiento crítico y la producción de conocimiento emancipado.
Es esencial entender que la defensa de las universidades públicas va más allá de asegurar su financiamiento básico. También implica replantear su sentido comunitario y su compromiso con la transformación social, para que sigan siendo espacios de debate, reflexión y acción en pos de un futuro más equitativo y democrático para todos los argentinos.
Hoy la educación pública está nuevamente en el centro de un debate. Las Universidades de nuestro país, gracias a su estructura filosófica y al legado de la Reforma Universitaria que permitió el acceso de hijos de trabajadores a estas instituciones, han sido un pilar fundamental en el desarrollo de Argentina, colocándola a la vanguardia en Latinoamérica y en el mundo.
Se propone reducir el presupuesto de las Universidades Estatales en un 50%, una medida que equivale prácticamente a cerrarlas. En tiempos de crisis como los que vivimos, es necesario ahorrar y hacer ajustes, pero también es fundamental priorizar disciplinas que nos permitan salir adelante y avanzar hacia el progreso. La educación, en sus diferentes niveles, es una de esas disciplinas. Lo que se invierte en educación no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión en el futuro de nuestro país.
Recordemos que de estas instituciones han surgido premios Nobel y profesionales de renombre mundial, como el Dr. Bernardo Houssay o el Dr. René Favaloro, quienes han dejado una marca indeleble en la historia de la ciencia y la medicina.
Si existen dudas sobre el manejo de los fondos universitarios, se deben realizar auditorías, esto no va a afectar la autonomía de las instituciones. Además, el debate político en los claustros universitarios es saludable y necesario, ya que son los jóvenes y futuros líderes del país quienes deben formarse en esta disciplina tan fundamental para el desarrollo de la sociedad.
Por todo ello, adhiero e invito a la movilización del día martes 23 de abril en defensa de una Universidad que responda al espíritu de la Reforma Universitaria del 18, y que continúe siendo una fuente inagotable de recursos humanos especializados, absolutamente necesarios para la reactivación del país cuando superemos esta crisis. Como bien dijo Bernardo Houssay: “Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”.
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