Este martes los trabajadores del Poder Judicial protagonizaron una bulliciosa marcha por el centro de Villa Mercedes, como parte de su plan de lucha para visibilizar su rclamo en pos de una recomposición salarial.
En la segunda semana de conflicto, continuaron con el cese de actividades por dos horas y le agregaron un paro total de actividades en el Ministerio Público Fiscal.
Como se recordará, el gremio judicial mantuvo numerosas reuniones con el Superior Tribunal de Justicia y el Colegio de Magistrados, que dio como resultado la elaboración de una propuesta conjunta, que fue elevada al gobierno el 17 de abril, pero desde entonces nunca más obtuvieron respuesta.
Por ese motivo dispusieron un plan de lucha, que se inició el pasado lunes 6 de mayo hasta el viernes 12, consistente en paros de dos (2) horas por turno en las tres circunscripciones judiciales.
El Sindicato Judiciales Puntanos aclaró que “se trabaja únicamente en los casos habilitados y los previstos en el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia (LOAJ) y quita de colaboración fuera del horario de atención al público, como así también en días y horas inhábiles, quedando siempre una guardia mínima de agente”.
En esta segunda semana que se inició el pasado lunes 13 y se extenderá hasta el 19 continúan las medidas de la primera semana y se añadió el paro total en un sector determinado en las tres circunscripciones judiciales. A lo que suman las marchas públicas.
Para la tercera semana que se inicia el lunes 20 hasta el 26 se mantendrán las medidas de fuerza de la primera y segunda semana, más un paro total de actividades en otro sector determinado, que sería el sistema de defensa.
Al frente de la marcha de esta martes se encontraba el secretario General del SiJuPu, Luciano Cardarelli, quien consultado por Apuntes de San Luis reiteró que “el plan de lucha se originó en la falta de diálogo y respuestas del Poder Ejecutivo frente al proyecto presentado oportunamente por el Sindicato Judiciales Puntanos y los Colegios de Magistrados/as y Funcionarios/as: “Situación Actual del Poder Judicial y Propuesta Salarial”, y no contar el STJ con partidas extraordinarias para hacer frente a esos requerimientos y poder actuar como un poder independiente.
Agregó asimismo que ante el congelamiento salarial y la constante suba de los precios, cerca del 60% de los empleados judiciales perciben ingresos que están por debajo de la línea de pobreza. Ejemplificó que los casos más graves atañen a las categorías más bajas, de administrativos y maestranza, que tienen como sueldo inicial apenas $340.000.
Precisamente este martes se dio a conocer una baja de la inflación, que se ubicó en 8,8% en abril, pero al mismo tiempo el INDEC calculó que una familia tipo necesita $828.000 para no ser pobre. Además, la canasta alimentaria creció 4,2% y se necesitaron $373.044 para no ser indigente
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