En la Legislatura Provincial, las Asambleas Socioambientales de la provincia de San Luis expresaron el rechazo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en el Congreso Nacional, y cuya adhesión espera tratamiento en la Legislatura de la provincia.
Representantes de la Asamblea por el Agua del Nordeste de San Luis, Asamblea Socio Ambiental El Trapiche, Asamblea Vecinal “Yo amo a mis Sierras” de San Francisco del Monte de Oro, Obispado de san Luis, APDH, Juvennat, Pitsa, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, ATE, Multisectorial de Trabajadores, Centro d Prácticas Sociocomunitarias de la Facultad de Ciencias Humanas, Cátedra Libre Salud Colectiva del Buen Vivir, se movilizaron este miércoles por la mañana hacia el Parlamento de San Luis.
Las asambleas socioambientales de San Luis han expresado su oposición al RIGI y articulan acciones para difundir su postura a favor de los bienes comunes.
Exigen que “la protección de los bienes comunes sea efectiva y no sólo un discurso vacío de contenido como el que ha expresado el gobierno de Claudio Poggi”.
Además, solicitan la participación ciudadana dentro del debate en el recinto.
“El RIGI no tiene licencia social”, dicen los asambleístas y exigen “que sigan vigentes todas las leyes ambientales que hoy rigen en la provincia”.
FUNDAMENTOS
Un grupo de diputados justicialistas encabezado por Gloria Petrino salió para escucharlos antes de que comenzara la sesión de la Cámara baja.
Se les informó que todavía no lo tratan en comisiones, pero expresaron no obstante su preocupación: “Sabemos que el oficialismo lo puede hacer sobre tablas y aprobarlo de manera exprés. Esa es nuestra preocupación, no solo porque la provincia adhiera al RIGI, sino por las consecuencias que va a traer, que lamentablemente no es como en lo discursivo lo pintan en San Luis. Está en las facultades delegadas a nivel nación, es decir que la provincia no tendría ninguna facultad para poder decidir sobre nuestro futuro en los próximos 30 años”.
Advirtieron que desde su punto de vista no hay ningún beneficio que le quede a los puntanos y puntanas. “La empresa que se instale tendrá potestad total durante 30 años, al cuarto año será beneficiado con ‘impuestos cero’, a diferencia de cada trabajador que con frecuencia tiene que afrontar aumento de impuestos. Estas empresas tendrán potestad legal y soberana de decidir sobre la tierra puntana y la jurisdicción para dirimir todo esto puede llegar a ser la Corte de la Haya”.
Los ambientalistas entregaron un escrito con la expresión “Yo amo a mi tierra” que fue dirigida a todas las comisiones de la Cámara de Diputados.
Información e imágenes: La Bulla Comunicación Alternativa
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