Así lo confirmó el Secretario General de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (ADOI) de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Ing. Arnoldo Pucci, quien participó de las deliberaciones que tuvieron lugar en el plenario nacional de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
Reunidos en Plenario, los Secretarios y las Secretarias Generales de los gremios de ADIUNQ, ADUNOBA, COAD, ADUNA, AFUDI, SIDIUNLAR, ADUC, SIDIU, SIDUNCU, ADUFOR, ADOI, SIDIUNT, ADUNTREF, ADUNMa, FEDUBA, SUDHUR, ADUM, ADAI, ADUNSADA y AGDU consensuaron hoy las siguientes resoluciones:
“Frente a la grave pérdida de poder adquisitivo del salario, provocada por la mega devaluación y la desregulación de todo control de precios con la que el actual gobierno ha iniciado rápidamente su política de “tierra arrasada”, reclamamos la urgente convocatoria a la paritaria nacional de la docencia universitaria y exigimos una recomposición salarial que repare el deterioro de nuestros ingresos. Advertimos que de no obtener pronta y satisfactoria respuesta a este reclamo, el gobierno estará comprometiendo el normal inicio del ciclo lectivo 2024. La Federación continuará evaluando esta situación a través de sus cuerpos orgánicos.
Reafirmamos la participación de CONADU con sus sindicatos de base en el Paro General con movilizaciones en todo el país, en el marco de la convocatoria realizada por las centrales sindicales para este 24 de enero, como expresión multisectorial del rechazo a la política de ajuste y a las iniciativas del gobierno nacional contenidas en el DNU 70/2024 y en el proyecto de Ley Ómnibus, así como a la pretensión inconstitucional de reprimir la protesta con la aplicación del protocolo del Ministerio de Seguridad.
Rechazamos el DNU 70 y el Proyecto Ómnibus en su totalidad, porque constituyen un proyecto de conculcación autoritaria de la institucionalidad democrática y de la soberanía, de supresión de derechos fundamentales, de destrucción de la producción y el trabajo, de entrega de nuestros recursos y capacidades construidas, y de sometimiento de la organización y la movilización popular. No hay negociación que haga admisible ese proyecto.
En ese marco, advertimos que las modificaciones propuestas a la Ley de Educación Superior se dirigen especialmente a suprimir la responsabilidad estatal para asegurar el derecho a la educación superior establecida por la reforma Puiggrós del año 2015, lesionando los principios fundamentales de la gratuidad, el ingreso irrestricto y la autonomía, para generar condiciones que en un contexto de ajuste presupuestario sólo pueden favorecer la sujeción de nuestro sistema universitario al proceso global de mercantilización de la educación y el conocimiento.
Señalamos, asimismo, que las modificaciones recientemente incorporadas en el proyecto no alteran esta apreciación, y que la propuesta de incorporar al CIN en la definición de criterios para la asignación de los aportes del Estado nacional a las universidades sólo constituye una invitación a participar de la distribución de la miseria.
Todas las reformas propuestas en la Ley Ómnibus para la universidad deben evaluarse en el marco de un ajuste que ya comenzó, porque la inflación está provocando también la licuación del presupuesto universitario, prorrogado para este año a valores de 2023. Ese presupuesto no alcanzará a cubrir las necesidades para el funcionamiento de las instituciones más allá del mes de mayo o junio.
Las políticas que repudiamos pretenden hacer de Argentina un país en el que las grandes fortunas puedan acrecentarse infinitamente y sin obstáculos: sin legislación que proteja los derechos de quienes trabajan y sin organizaciones que representen sus demandas.
Un país en el que el Estado sólo tenga por función defender las apetencias de los poderosos, que abra las fronteras al capital extranjero y al poder financiero internacional. Un país sin educación y cultura, sin ciencias, sin memoria, sin solidaridad, sin capacidad de imaginar y desear un futuro diferente, y sin voluntad de luchar por eso. Un país ordenado sobre la grieta de la desigualdad y la crueldad. En el país que sueña Milei no hay lugar para la universidad pública.
El 24 de enero, en todo el país, sumamos nuestra presencia y nuestra voz al movimiento popular, para ponerle freno al DNU y a la Ley Ómnibus. Porque LA PATRIA NO SE VENDE”.
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