“El Gobierno dejó sin efecto 188 recategorizaciones políticas de exfuncionarios”, tituló escuetamente la gacetilla de la Agencia de Noticias difundida ayer, de apenas dos párrafos.
La información oficial señala en forma textual:
“El gobernador Claudio Poggi anuló las subas de categoría de 188 funcionarios de la gestión anterior, otorgadas un mes antes de finalizar el mandato. La conversión se dio cuando dejaron sus cargos y, al momento de volver al escalafón general, ascendieron al menos dos categorías respecto de la original.
Luego del decreto firmado por el Primer mandatario, los salarios del mes de enero de estas personas (exfuncionarios) serán liquidados con la categoría que tenían antes de la medida que se dejó sin efecto”.
Apuntes de San Luis pudo determinar, a partir de información “off de record” de distintas fuentes oficiales, que la rebaja de categorías alcanza a ex funcionarios o familiares de estos, cuyo solo apellido remite a una vieja práctica de la política, que consiste en atornillarse al cargo o conchabar amigos o parientes, para que disfruten la estabilidad “eterna” que sólo se consigue a la sombra de un empleo en el Estado.
Veamos los casos más resonantes del largo listado:
Anzulovich, María Soledad y Miguel Sebastián; Baretto, Ana; Bastías, Sergio; Pagés, Julieta; Laborda Ibarra, María Florencia (hija de Raúl); L´Huillier, Emilio Alejandro; Lazart, Vanesa; Mazzina, Gabriela y María José; Ojeda, Lautaro, Picca, Natalia; Rodríguez, Fernando Gabriel; Russo Barrera, Andrés y Luis Eduardo; Sosa Araujo, Hernán; Tarazi Sosa, María; Zabala, Sergio Daniel; Zudaire, María Mercedes ….
El favor concedido a estos casi 200 “elegidos” por el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, un mes antes de terminar el mandato, les permitía no solo conservar el cargo, sino también ascender a un generoso (e irregular) ascenso de dos categorías, sin rendir ningún concurso y de manera arbitraria.
Lo anterior no cuestiona la idoneidad o el compromiso que muchos de estos empleados puedan tener en el cargo que desempeñan, ni los descalifica como personas. Incluso tal vez lo merezcan. Pero lo pertinente aquí es analizar la metodología o procedimiento seguido para favorecer a los mismos, en desmedro de tantos otros “huérfanos” de tutores o carentes de apellido de renombre.
Un cálculo efectuado por la cartera de Hacienda del gobierno, permitió calcular en aproximadamente 38 millones de pesos por mes el “ahorro” para las arcas públicas, lo que proyectado anualmente alcanza a casi 500 millones, computando el sueldo bruto más cargas sociales.
Este caso abona la extendida creencia popular de que “para ingresar y ascender” en el Estado hacen falta cuñas o padrinos. O portación de apellido. Sino, fuiste.
Si en verdad asistimos a un cambio de época, la actual gestión debería comenzar a tomar sus recaudos a la hora de las designaciones, para que no le suceda como al pez, que por la boca muere…
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