El ministro de Gobierno, Facundo Endeiza, explicó los alcances del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que pretende dejar de lado un privilegio del Estado, garantizando de todas maneras el funcionamiento ininterrumpido de la administración de justicia.
“El Poder Judicial tiene 30 días de vacaciones en verano y 15 días en julio, en total 45 días en los cuales los plazos procesales y judiciales quedan suspendidos, lo que atenta contra el normal funcionamiento de la Justicia. Creemos que no hay razón para que se produzca esta paralización por tanto tiempo, porque perjudica básicamente a la gente que tiene alguna demanda o controversia judicial”, indicó el ministro de Gobierno, Facundo Endeiza, en relación a las razones que fundamentaron la elaboración de un proyecto de ley, ya enviado a la Legislatura, que pide eliminar la feria judicial.
Durante la feria judicial, los plazos procesales no corren y se limita la atención a unos pocos asuntos, lo que conduce a una acumulación significativa de casos pendientes, sobrecargando el sistema judicial y retrasando la resolución de conflictos. “Aspiramos a que el sistema de plazos y tiempos en la Justicia ya no se vean afectados por lo que hoy es la feria judicial y la atención sea normal todo el año”, agregó Endeiza.
El proyecto es integral e implica una reorganización del sistema para garantizar la continuidad del servicio sin comprometer el derecho al descanso de quienes trabajan en el ámbito judicial. “No se toca ningún derecho adquirido. Se puede hacer una rotación de personal, organizarse de otra manera para no perjudicar a ningún empleado en las vacaciones. Y es posible porque hay que tener en cuenta todos los avances en materia digital”, explicó Endeiza.
Sostener un sistema tan antiguo como el actual, que comprende la feria por 45 días, hoy no tiene razón de ser. Varios países de Sudamérica la suprimieron y el personal judicial no se vio perjudicado. “En otros países la feria no existe, no hay ninguna suspensión de plazo ni paralización de nada y los empleados tienen sus vacaciones. En Argentina sí existe, por eso me parece que San Luis será precursora con esta ley y en lo que a administración de justicia se refiere”, enfatizó el funcionario.
La última palabra la tiene hoy la Legislatura provincial, que es la que tratará el proyecto. “La idea, como dijo el Gobernador, es que estas propuestas sean discutidas y analizadas, no solo en lo que tiene que ver en las respectivas comisiones de la Legislatura, sino también con todos los sectores interesados”, finalizó el Ministro.
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