Es por haber firmado de manera ilegal contratos con beneficiarios de planes sociales, violando la Ley de Presupuesto 2023 vigente, indica la presentación que efectuó el abogado de Avanzar, Ricardo Bazla.
La demanda abarca a NICOLÁS VICENTE ANZULOVICH AGUILAR, Ministro de Desarrollo Social; ELOY DIEGO ROBERTO HORCAJO, Ministro de Hacienda; FABIAN ANTONIO FILOMENA BAIGORRIA, Ministro de Gobierno, Justicia y Culto; JUAN CLAUDIO LATINI, Ministro de Seguridad, CRISTIAN PABLO NIÑO PIGUILLEN, Ministro de Salud; LUIS ANDRÉS MACAGNO FERNANDEZ, Secretario de Estado de Turismo, y MARÍA EUGENIA CANTALOUBE, Ministra de Educación, sin perjuicio que la denuncia “amerite su probable ampliación a otros funcionarios que pudieren haber incurrido también en responsabilidades penales”.
La presentación ingresó a la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, donde se deberá designar al fiscal que asuma el caso.
Entre los fundamentos, Bazla reseña que “con anterioridad a las elecciones del 11 de junio de 2023, desde el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del Ministro de Desarrollo Social, Nicolás Vicente Anzulovich Aguilar, los beneficiarios de distintos planes sociales otorgados por el gobierno de la provincia, fueron convocados a reunirse en instituciones deportivas tanto de esta ciudad, como de Villa Mercedes, en dónde funcionarios públicos, entre ellos los aquí denunciados, se comprometieron a que los convocados pasarían a formar parte de la planta contratada de empleados públicos”.
Luego fueron firmados los contratos “violando la Ley de Presupuesto 2023 plenamente vigente al momento de la celebración de los mismos”.
“…todo se realizó en violación del Art. 11 de la Ley N° VIII-0253-2022 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, que fija la cantidad de trabajadores estatales y establece que “el Poder Ejecutivo Provincial no podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedras antes establecidos…”, reitera la denuncia.
Bazla adelantó a depolitica.com.ar que la nómina de denunciados podría extenderse en los próximos días.
“Son los que han puesto la firma y los que han declarado en algunos casos públicamente que los contratos efectivamente los han hecho firmar ellos -dijo-. Y en algunos casos los han firmado ellos. Esto no quita que vaya a tener responsabilidad penal el gobernador Rodríguez Saá, porque desde el momento en que Rodríguez Sá envía a la legislatura el día 25 de julio el proyecto de modificación presupuestaria, también demuestra que tiene conocimiento del tema. No he querido incluirlo ahora porque quiero esperar la incorporación de esa prueba cuando la Legislatura envíe al Poder Judicial el proyecto de modificación que ha enviado Rodríguez Sá. Pero eso nos quita que tenga responsabilidad penal. Y también responsabilidad civil en cuanto a responder con sus propios bienes por los daños causados. Por eso digo que, en principio, son estos siete ministros. Pero esto puede ampliarse”.
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