FRACASÓ LA SESIÓN EN LA QUE DIPUTADOS PENSABA MODIFICAR EL PRESUPUESTO PARA NOMBRAR BENEFICIARIOS DE PLANES SOCIALES

Tras la media sanción que el Senado dio este martes a la modificación de la ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos 2023 de la provincia, que permite al gobierno nombrar más personal en la administración pública, el oficialismo se aprestaba a aprobar el despacho para que la medida pueda efectivizarse, dando lugar al pase a planta de un número indeterminado de trabajadores del Plan de Inclusión Social.

Pero el diablo metió la cola e imprevistamente la sesión de este miércoles debió levantarse por falta de quórum, por la ausencia de seis legisladores del propio oficialismo, que no consiguió siquiera el número necesario para comenzar la reunión.

A pesar que el tema no se encontraba incluido en el orden del día, la presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo, indicó que por reglamento interno se pueden incorporar asuntos de otros organismos, hasta 8 horas previas a la sesión, reconociendo de este modo la intención que existía de tratar la modificación presupuestaria sobre tablas.

La oposición, que cuestiona por irregular e ilegítimo este proyecto, argumentando que hipoteca la futura gestión del gobernador electo Claudio Poggi, especuló con la ausencia de los diputados oficialistas y demoró su ingreso, hasta tener la certeza si la bancada del PJ y aliados conseguía alcanzar por si mismo el referido quórum.

 

En medio de nerviosos llamados telefónicos y gestiones, que se sucedieron durante poco más de una hora, la titular del cuerpo dispuso el levantamiento de la sesión, constatando que había solo 19 legisladores sentados en sus bancas (en lugar del número mínimo de 23) y 24 ausentes.

Salvo la representante del Departamento Junín, Gloria Petrino, cuya ausencia estaba justificada por tratamiento médico, los otros cinco diputados oficialistas sobre los cuales se posaron las sospechas por el faltazo fueron Francisco “Tengo” Irusta, Adrián “Cacho” Agüero, Verónica Garro, Humberto Farías y Ramón Leyes.

Diputados Agüero, Farías, Garro, Irusta, Leyes y Petrino.

El apuro gubernamental por tratar la iniciativa se fundamenta en el malestar expresado por los beneficiarios de planes sociales, que han efectuado protestas y manifestaciones en las principales ciudades exigiendo que el ejecutivo cumpla con la promesa formulada días antes de las elecciones del pasado 11 de junio, cuando se comprometió a darles estabilidad laboral.

De hecho, y a modo de presión, al igual que lo hicieron el martes en el Senado, este miércoles un grupo de ellos concurrió a la sesión, a la espera de que el cuerpo diera tratamiento y aprobara el Art. 11 de la ley de presupuesto, que faculta al gobernador a nombrar personal por encima del tope que existe en la actualidad.

Llama la atención que hasta el momento se ignora a cuánto asciende el número de beneficiarios del Plan de Inclusión Social y de otras modalidades de contratación, que el gobierno planea incorporar a la plantilla de trabajadores de la administración pública. Una cifra extraoficial da cuenta que serían aproximadamente 17.000, los que sumados a los actuales 33.750 empleados autorizados por presupuesto, elevaría la nómina de personal a más de 50.000 empleados públicos.

Justamente esta indefinición acerca de la cantidad de personal que podría nombrarse es uno de los aspectos más notables – y cuestionables – del proyecto aprobado por la Cámara Alta y que ahora deberá esperar la próxima sesión para ser tratado por los diputados, siempre y cuando el oficialismo logre “alinear” su propia tropa y garantizar el quórum.

PROYECTO

El proyecto que se intenta aprobar consta de un solo artículo, el cual propone la modificación del Art. 11 del Presupuesto Provincial, que quedará redactado de la siguiente manera:

“Establecer el número de cargos de la Administración Central y Organismos Descentralizados en TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (33.757), el número de horas cátedra en SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS (70.596) y el número de cargos del Poder Judicial en UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (1.431), los que se encuentran detallados en las Planillas Anexas que forman parte integrante de la presente Ley.

El Poder Ejecutivo Provincial podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedra antes establecidos, y deberá priorizar la designación de aquellas personas beneficiarias del Plan Inclusión Social que se encuentren cumpliendo funciones en los establecimientos públicos, y que reúnan el perfil y función requerida. El aumento sólo podrá realizarse cuando se cuente con el recurso presupuestario correspondiente; asimismo podrá disponer modificaciones en la distribución de los mismos. Toda reestructuración que disponga el Poder Ejecutivo en este sentido deberá ser comunicada dentro de los TREINTA (30) días de producida, a la Legislatura, para su conocimiento”.

 

 

 

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