Por Eduardo Gargiulo
Aunque parezca mentira, este domingo se cumple apenas una semana desde que juró ante la Asamblea Legislativa, sin embargo en siete días pasó tanto que parece haber transcurrido mucho más tiempo.
Es que desde las elecciones del 11 de junio, Claudio Poggi tuvo seis meses para preparar qué haría los primeros días. Entonces su agenda fue intensa y frenética, como lo vivieron -y sufrieron- sus funcionarios y empleados más directos.
A nadie se le pudo ocurrir que el mismo domingo 10 llevaría adelante la intervención de la Universidad de La Punta, con un fuerte operativo policial. En otro contexto, sería inimaginable que la decisión no hubiera cosechado el repudio generalizado del ámbito político, académico y social. Sin embargo, tal vez por los funcionarios a cargo o por tratarse de una casa de estudios provincial, cuya naturaleza jurídica y legal dista bastante de las universidades nacionales, el escándalo duró apenas 24 horas y la noticia se diluyó entre otras.
El festival de cartas documento que se emitieron a los ministros y secretarios salientes tuvo un fuerte impacto mediático, aunque habrá que ver si tiene su correlato en resultados concretos o solo fue para la tribuna. En el propio gabinete ya hay halcones y palomas que debaten conveniencias: “ir al hueso” y denunciarlos ante la justicia o “mantenerlos a raya” pero no perseguirlos.
Está claro que de detectarse irregularidades no existen dos caminos. No denunciar un acto ilegal sería incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero evaluando la debilidad legislativa en que se encuentra el gobierno, tal vez debería considerar “bajar un cambio”, para dejar abierta alguna puerta a futuras negociaciones.
El informe que brindó el flamante gobernador apenas 4 días después de asumir fue un catálogo de malas noticias. La mayoría esperaba una explicación sobre la gravedad de las finanzas, pero pocos pudieron conjeturar que para salvar al enfermo había que amputar un miembro. Así sonaron sus palabras cuando comunicó que la provincia abonará en dos cuotas los sueldos de diciembre y enero.
Sabido es que muchos adoran escuchar cuando un gobernante anuncia la necesidad de un “ajuste”, pero comienzan a odiarlo cuando advierten que pasan a formar parte de los “ajustados”. Le pasó a la Mesa de Enlace con el presidente libertario: cuando el endeudador serial (el de los 100 años, ¿se acuerda?) Luis Caputo, anunció suelto de cuerpo que se restablecían las retenciones a las exportaciones agropecuarias. “No esperábamos esto de Milei”, expresaron apesadumbrados los dirigentes rurales. Al kirchnerismo ya le estarían cortando las rutas, como corresponde. Ahora lo dudan, con la piba Bullrich empujándolos a protestar en la vereda (para ellos, la banquina).
Tampoco los docentes, enfermeros, judiciales, municipales, entre otros, la mayoría votantes de la oposición, alcanzan a digerir esta decisión cuyo alcance recién comienza a vislumbrarse. Porque al haberse dejado sin efecto el Acuerdo de La Toma, que aseguraba que los municipios recibirían aportes extraordinarios para abonar sueldos y aguinaldos, desde la semana pasada los que deben poner la cara ante sus empleados son los propios intendentes, que hasta aquí estaban tranquilos.
El segmento de los empleados públicos, acostumbrado a cobrar en tiempo y en forma, a anuncios de aumentos para compensar la inflación y por qué no un bono findeañero, esta vez se desayunó con que no habrá regalo para colocar en el árbol de Navidad. Chicos, disculpen, pero Papá Noel no tiene plata.
Hablar de la herencia recibida, o del despilfarro que hicieron los predecesores, no alcanza en el actual contexto del laburante al que le tocan su miserable ingreso. ¿Por qué no cortaron por otro lado? ¿Por qué no se bajaron los sueldos ellos? Esas preguntas se suceden por estas horas en los grupos de whatsapp y en las redes que explotan de mensajes y coloridas puteadas.
La noticia trastocó el semblante de todos aquellos que viven y dependen del ingreso estatal, justo cuando se encontraban haciendo planes de juntadas familiares y salidas de vacaciones. Algunos pocos docentes ya salieron a las calles a expresar su indignación. Los municipales puntanos este lunes empezarían un paro por 72 horas. Los trabajadores nucleados en ATSA también expresaron su repudio, al igual que los gremios de los educadores. Presumiblemente esta semana se sumarán otras voces al coro de la protesta social.
Para Poggi y su equipo, que cuidan su imagen y procuran mostrar un cambio de época, apegada a la honestidad, la transparencia y la austeridad, fue el peor día. Aún intentan ver cómo levantar la puntería de este comienzo convulsionado.
Una buena noticia fue la recuperación de 9 mil millones de pesos que el anterior gobierno le había adelantado a las empresas constructoras. No es poca plata. Son apenas dos firmas. El gobierno espera que otras imiten su actitud. Otro ahorro considerable que hará la provincia será la eliminación de la pauta oficial por 4 meses y en bajar los montos. Calcula cerca de 2 mil millones.
Esta semana también le dio un certero golpe al corazón de la nave insignia comunicacional del gobernador saliente. El Boletín Oficial pasará a ser digital, ya no impreso por el Grupo Payné, con lo cual le quita un negocio millonario y ahorra para las arcas provinciales 500 millones.
Todo suma, es cierto, pero el muerto que tiene que levantar Poggi es mucho más oneroso. Las cuentas siguen sin cerrar.
En su informe el gobernador adelantó que convocará a sesiones extraordinarias a las cámaras legislativas para que traten y autoricen un empréstito por 150 mil millones de pesos, equivalente a seis meses de salarios. Lo que en otras circunstancias sería una medida apropiada y razonable, ante el pronunciado déficit operativo de arrastre que se informó, en las actuales suena a peligrosa encrucijada. Para lograr luz verde necesita el aval de una mayoría agravada (dos tercios) de la que carece. En Diputados apenas cuenta con 21 votos seguros, le faltan 8. En el Senado tiene tres 3 propios y uno (Diego García) que podría sumarse. Le faltan 2.
Como se dijo en otras columnas, nadie ignora que en política 2 + 2 nunca son 4. Habrá que ver cómo se opera esta semana con los legisladores y los intendentes, para que entiendan la gravedad de lo que está en juego. Que es mucho más que una mera pulseada política entre los que llegaron y lo que ya no están, sino la propia gobernabilidad de la provincia. ¿Cómo quedaría plantado el gobierno ante un fracaso legislativo?
En la jerga timbera, Poggi se juega un pleno: si le sale bien, arranca su gestión con el pie derecho y el horizonte más o menos despejado. Con ajuste, sí, pero con resto para asumir los próximos compromisos. La dolorida oposición también lo sabe. Allí está el combustible de la mucha, poca o nula generosidad que exhiba en sus acciones.
Como si cada opción fuera una penosa Estación que debe atravesar, el hombre que llegó para cambiar San Luis sabe, además, que nada puede esperar del gobierno nacional, con un presidente que no es del palo y que enfrenta dificultades aún mayores. Milei ya avisó que no habrá transferencias extraordinarias a las provincias. Sin ese salvavidas, la única tabla de salvación es un endeudamiento con la banca privada, vaya a saber a qué costo.
El domingo 10 el gobernador estaba exultante, como pocas veces se lo vio. Llegó a bailar al son de La Beriso y juguetear con el bastón. Por estas horas siente que está atravesando un verdadero Vía Crucis. No le preocuparía morir crucificado para “salvar la provincia”, si tuviera certeza de su resurrección. Pero en la incertidumbre que vivimos, quién asegura qué…
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