Cintia Ramírez se convirtió en la primera ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá en ser acusada formalmente en la Justicia, por presuntos hechos de corrupción que se produjeron durante la gestión anterior y que fueron denunciados desde el 10 de diciembre.
Este miércoles en horas de la mañana, ante el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí acusó formalmente a la ex secretaria de Deportes por cuatro delitos: negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública.
En representación de la fiscalía de Estado interviene en la causa el abogado Santiago Calderón Salomón, quien inicialmente expresó su coincidencia con Assat Alí.
El representante del ministerio Público Fiscal solicitó como medidas cautelares la firma del libro de imputados durante cuatro meses, la prohibición de salir de la provincia por el mismo plazo y la inhibición general de sus bienes hasta la finalización del debate oral.
Ramírez es investigada porque durante el gobierno anterior cumplió tres roles en simultáneo (secretaria de Deportes, presidenta del Ente Deporte y del San Luis Fútbol Club (SLFC). Sospechan que aprovechándose de esas funciones, usó recursos del Estado para beneficio propio, efectuando cientos de trasferencias a la entidad deportiva y comprando un colectivo con sobreprecio, entre otras irregularidades.
Sobre la inhibición general de bienes, el fiscal argumentó que de acuerdo a la escala penal, Ramírez podría tener que hacer frente a un embargo de $2283 millones ante una posible condena. Llegó a ese número al multiplicar en cinco los recursos estatales afectados de las transferencias y el colectivo, que ascienden a $456.612.164. También solicitó prisión preventiva por 120 días.
Los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio asumieron la defensa de la ex funcionaria, que se se abstuvo de declarar.
Juárez solicitó la nulidad de la formulación de cargos por incongruencia. Apuntó a una violación del debido proceso y de defensa de Ramírez. Consideró que se trató de una acusación apresurada y tergiversada.
En otro tramo, aseguró que las transferencias sólo fueron 125 y que “ninguna corresponde a las cuentas del SLFC”. Agregó que el expediente del colectivo “no pasó por Ramírez”. Subrayó que “cada peso que se transfirió estaba destinado a fomentar el deporte” y que fue “una funcionaria ejemplar”.
Tras la réplica de todas las partes, Flores Leyes decidió rechazar el pedido de nulidad de Juárez, la prórroga de los ocho días y la prisión preventiva que solicitó Calderón Salomón.
Así, Assat Alí tendrá 120 días para llevar adelante la investigación. Durante ese mismo tiempo, Ramírez tendrá que acudir del 1 al 10 de cada mes a firmar el libro de los imputados, no podrá salir de la provincia salvo cuestiones de trabajo, salud u urgencia. Pero antes deberá avisar a la Fiscalía.
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